Austeridad de mentira: gobierno de Salomón Jara aplica la política de la pauta y el silencio comprado
La “primavera oaxaqueña” no trajo nada nuevo a Oaxaca. Resultó un gobierno más: agresor contra medios de comunicación y periodistas. Y opaco en el ejercicio del presupuesto público en materia de comunicación social, como sus antecesores.
Apenas tomó posesión, Salomón Jara instrumentó una política de comunicación que canceló contratos comerciales con medios críticos. Oficialmente se habló de austeridad; en la práctica la medida coincidió con un reordenamiento presupuestario que benefició a empresas nuevas, muchas vinculadas a funcionarios y asesores cercanos al gobernador y a la Secretaría de Gobierno.
Documentos presupuestales y estimaciones administrativas muestran un aumento sostenido en Comunicación Social desde 2022. Mientras el discurso oficial pregona eficiencia, el gasto en publicidad registró incrementos considerables y, en conjunto, suma más de ochocientos millones de pesos en los primeros tres años de la administración.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, observan patrones: reducción selectiva de pauta a medios críticos y adjudicaciones millonarias a proveedores opacos. Caso paradigmático es el diario Noticias, que perdió contratos y flujo de publicidad oficial hasta suspender su circulación, dejando sin trabajo a decenas de periodistas y empleados.
Testimonios de trabajadores relatan facturas entregadas pero no tramitadas por funcionarios de Comunicación Social, contratos revocados y promesas de pago incumplidas. La cadena productiva del periódico —su elaboración, impresión y distribución— se frenó por falta de recursos, mientras campañas oficiales costosas continuaban desplegándose en radio, televisión y plataformas digitales contratadas a través de intermediarios.
Fuentes dentro de la administración, que pidieron anonimato, reconocen que parte del presupuesto se reorientó hacia empresas sin historial periodístico en Oaxaca. Muchas operan como intermediarias o, según denuncias, como “factureras”. Entre los beneficiarios aparecen firmas de nueva creación con lazos con operadores de Comunicación Social y asesores externos.
Expertos en transparencia advierten conflicto de interés y recomiendan auditorías externas, pues no se trata de dinero del gobernador, sino de recursos públicos. La Ley Estatal de Austeridad exige desgloses y comprobación, pero la información pública disponible es incompleta: contratos sin detalles, montos agregados y ausencia de criterios objetivos para asignación de pautas generan opacidad.
El contraste entre gasto en comunicación y las carencias sociales resulta notorio. Mientras comunidades permanecen sin servicios básicos, la prioridad política y presupuestal aparece dedicada a campañas y eventos que promueven imagen institucional, no información útil o medidas de salud, educación o bienestar.
Académicos y periodistas oaxaqueños señalan que la práctica de condicionar la pauta por lealtad editorial no es nueva en Oaxaca, pero ahora se combina con esquemas empresariales complejos. La triangulación de recursos facilita desvíos y protege a responsables al diluir rastros en contratos y subcontrataciones.
La Plataforma Nacional de Transparencia no contiene suficientes desgloses para rastrear beneficiarios finales; activistas y organizaciones piden que se publiquen los convenios completos, facturas y anexos técnicos. Sin esa claridad resulta imposible verificar legalidad, resultados y la eficacia del gasto público destinado a comunicación.
La desaparición de diarios como Noticias es una pérdida pública. El cierre no sólo deja desempleo: elimina un canal de vigilancia y crítica. Cuando la pauta se convierte en herramienta de castigo, la pluralidad informativa se empobrece y la democracia local se debilita frente a discursos oficiales sin contrapesos.
