Tragedia en Iztapalapa: explosión en La Concordia alcanza 25 muertos, casi iguala desastre de la Línea 12
Este viernes 19 de septiembre aumentó a 25 el número de fallecidos por la explosión y incendio de una pipa en el puente La Concordia, Iztapalapa, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con decenas de heridos y pacientes graves.
De acuerdo con videos, así como testimonios de vecinos y testigos del accidente, la pipa volcó por irregularidades del pavimento y baches no intervenidos en la curva bajo el distribuidor, lo que provocó la fuga que alimentó la explosión.
Con 25 fallecidos, la tragedia de La Concordia se acerca al saldo mortal del desplome de la Línea 12, que dejó 26 víctimas fatales en mayo de 2021.
Aunque las dinámicas del daño difieren —explosión versus colapso por fallas estructurales y falta de mantenimiento e inspecciones—, ambas crisis reavivan el debate urgente sobre seguridad urbana y responsabilidades institucionales.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades capitalinas activaron tardíamente protocolos de atención y ordenaron peritajes y revisión de rutas de transporte de materiales peligrosos. La Secretaría de Salud actualiza diariamente el número de víctimas y hospitales implicados, mientras la Fiscalía abrió carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades penales.
En ambos casos, las tragedias de la Concordia y la Línea 12 del Metro coinciden por falta de mantenimiento.
Expertos y peritajes previos sobre la Línea 12 señalaron ausencia de inspecciones y mantenimiento como causas concurrentes, según informes técnicos; en La Concordia los peritajes buscan probar irregularidades viales y el gobierno busca culpar al conductor por “exceso de velocidad” como motivo del accidente y la fuga.
Familiares de las víctimas y activistas exigen claridad, sanciones y medidas preventivas urgentes, inspección y reparación integral de los daños materiales y civiles.
Este nuevo episodio reabre frentes políticos: críticas a la gestión urbana, a la supervisión de rutas de transporte de sustancias peligrosas y a la rendición de cuentas. Organizaciones civiles piden transparencia, fiscalizaciones independientes y políticas públicas que prioricen mantenimiento vial y de infraestructura para evitar que tragedias.
