POLÍTICA EXPRÉS | * La 4T: de promesas de cambio y combate a la corrupción a la frustración ciudadana
La promesa central de la llamada Cuarta Transformación fue combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum, la percepción ciudadana es que secretarios de Estado, gobernadores y alcaldes vinculados a Morena gozan de una protección política que los vuelve intocables.
El caso de Adán Augusto López Hernández ilustra este fenómeno: pese a los señalamientos sobre nexos con personajes ligados al crimen organizado, no existe investigación formal en su contra en México. La narrativa oficial insiste en que no hay pruebas concluyentes, pero el resultado es una exoneración anticipada que erosiona la confianza pública.
Lo mismo ocurre con escándalos como Segalmex, donde desaparecieron más de 15 mil millones de pesos sin responsables de alto nivel tras las rejas. La indignación crece porque, mientras se castiga a opositores, los aliados del régimen parecen tener un manto protector. La justicia selectiva se ha convertido en un sello de la 4T.
La frustración social es aún mayor porque el discurso presidencial repitió durante años que la corrupción era el principal problema de México. Se ofreció “barrer la escalera de arriba hacia abajo”, pero en los hechos la limpieza parece detenerse justo donde empiezan los vínculos con el círculo cercano del poder.
Durante el sexenio que los antecedió, al menos cinco gobernadores priistas fueron enviados a prisión por corrupción. En contraste, con AMLO y Sheinbaum, ni un solo gobernador morenista ha enfrentado la cárcel, a pesar de que existen denuncias documentadas e incluso investigaciones en Estados Unidos contra varios de ellos por presuntos nexos con cárteles.
La explicación más evidente es política: investigar a figuras cercanas significaría fracturar al partido gobernante y debilitar al proyecto de la autodenominada 4T. Por ello, las instituciones de justicia han sido utilizadas con cautela, priorizando la unidad partidista sobre la rendición de cuentas. La autonomía de la Fiscalía General de la República sigue siendo una promesa incumplida.
Otro factor es la narrativa oficial que insiste en que la corrupción es un “mal heredado” de los gobiernos del PRI y el PAN. Esa visión permite mantener el discurso de transformación mientras se minimizan o encubren los escándalos internos. Pero para los ciudadanos, la impunidad de los nuevos gobernantes resulta aún más insultante.
La frustración ciudadana se traduce en una pérdida de confianza en las instituciones. Encuestas recientes muestran que solo una minoría cree que la justicia es imparcial en México. Esta percepción golpea la legitimidad del gobierno y debilita el argumento de que Morena representa un verdadero cambio frente al viejo sistema.
El costo político de esta impunidad puede ser alto. Si Morena no demuestra capacidad de sancionar a sus propios cuadros, corre el riesgo de convertirse en lo que tanto criticó: un partido protector de corruptos. El desencanto social ya comienza a reflejarse en protestas, abstencionismo y mayor escepticismo hacia la política.
La 4T llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción. Hoy, lo que vemos es un reciclaje del mismo pacto de impunidad que marcó a los gobiernos anteriores. Mientras no se rompa ese círculo y se castigue también a los aliados del régimen, el proyecto de transformación quedará reducido a un eslogan vacío.
