El tamaño del fraude y las complicidades: en tres años, la red introdujo a México 69 buques de huachicol fiscal; ganaron 150 mdd

En 36 meses de operación, el llamado “huachicol fiscal” permitió a mandos navales, empresarios navieros y políticos de la 4T introducir a México 564 millones de litros de gasolina y diésel. Este volumen llegó en 69 buques provenientes de Houston y Vancouver, disfrazados como aditivos lubricantes. La operación contó con complicidades en puertos bajo control de la Marina.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, respectivamente, son imputados por la Fiscalía General de la República como los principales operadores de la red. Ambos, sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, aprovecharon su influencia para manipular aduanas y blindar el ingreso del combustible ilegal, con protección política de Morena.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelan que cada buque descargaba entre seis y doce millones de litros. En ocasiones, eran necesarias hasta 300 pipas para trasladar el combustible desde puertos como Guaymas, Tampico y Salina Cruz. La logística evidenció un aparato empresarial y militar sofisticado.

Las ganancias ilícitas alcanzaron al menos 150 millones de dólares, unos 3 mil millones de pesos. La cifra surge principalmente de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 5.32 pesos por litro. A ello se suma el IVA no pagado y sobornos a funcionarios de aduanas.

Ikon Midstream, empresa de Houston, aparece como exportadora clave. Desde Greens Port, Texas, EE.UU, salieron al menos 32 cargamentos disfrazados. En México, firmas como B-Match, Intanza y Azteca Cone recibieron la mercancía. Todas compartían socios y direcciones, evidenciando un entramado muy bien diseñado para encubrir las operaciones y asegurar el negocio multimillonario.

La agencia naval Altamaritima jugó un rol crucial, gestionando descargas y papeles falsos. A su vez, mandos navales como Luis Alfredo García Arellano y Juan Carlos Sario Pichal, responsables de la Aduana de Guaymas, facilitaron la operación. El capitán retirado Miguel Ángel Solano, alias “El Capitán Sol”, era enlace directo con los Farías.

Este huachicol no implicó adulteración del combustible, sino evasión fiscal masiva. La gasolina era refinada en Houston, Texas, y Vancouver, Canadá, pero declarada en México como aditivos sin impuestos. El fraude evidenció cómo el control de la Marina sobre aduanas y puertos fue utilizado para construir un imperio paralelo al margen de la ley.

Con los 3 mil millones de pesos evadidos, México pudo haber financiado al menos 30 hospitales regionales de 100 camas, o bien 1,500 escuelas primarias equipadas. Sin embargo, el dinero terminó en cuentas privadas, propiedades y complicidades políticas que reforzaron el poder de empresarios, marinos y operadores políticos de Morena.

Este escandaloso caso muestra un triángulo perverso: militares con mando en aduanas, empresarios dispuestos a falsificar facturas y políticos morenistas cercanos al círculo del presidente López Obrador, que brindaban protección legislativa y mediática. La FGR documentó vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, cartel que se beneficiaba de la distribución final, ampliando la dimensión criminal del esquema.

Este huachicol fiscal constituye el mayor fraude tributario en la historia energética de México: 564 millones de litros de combustible cruzaron las aduanas sin pagar impuestos. La magnitud del daño no solo se mide en pesos, sino en la descomposición institucional que permitió a militares y políticos enriquecerse a costa de la nación.