La red del huachicol fiscal operado por mandos de la Marina enriqueció a políticos, empresarios y herederos del poder
En las investigaciones que se siguen por el escandaloso y multimillonario contrabando de huachicol a través de ocho puertos de México, la Fiscalía General de la República calcula que la red de combustible ilegal evadió 170 mil millones de pesos en impuestos cada año, durante casi siete años. La dimensión del fraude asciende a más de un billón de pesos. Las investigaciones periodísticas revelan que detrás aparecen nuevos nombres, incluidos los hijos del expresidente.
Entre los involucrados, directa o indirectamente, están Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, quien designó como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, detenido en Paraguay la semana pasada. Bermúdez es pieza clave, pues habría facilitado la entrada de combustible ilegal mediante contratos en Dos Bocas y el Tren Maya.
Otro implicado es Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, acusado de recibir fondos del empresario huachicolero Sergio Carmona. El estado, particularmente el puerto de Altamira, se convirtió en un punto crítico de las importaciones ilegales. En paralelo, Mario Delgado, expresidente de Morena y actual titular de la SEP, es investigado en Estados Unidos por sus vínculos con Carmona.
Las pesquisas también alcanzan a José Ramón Gómez Leal, senador de Morena por Tamaulipas, señalado como enlace del negocio fiscal en la aduana de Nuevo Laredo. Investigaciones periodísticas refieren que operaba con respaldo de Andy López Beltrán y Adán Augusto. La triangulación habría permitido que decenas de empresas fantasma facilitaran la importación de combustible.
En Baja California, el exsenador Gerardo Novelo, de Morena, fue vinculado a una bodega en Ensenada donde la Marina decomisó 8 millones de litros de gasolina ilegal este año. Mientras tanto, Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, enfrenta cuestionamientos por el arresto de su sobrino, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien operaba las descargas ilícitas en puertos mexicanos.
El periodista Claudio Ochoa Huerta, de Latinus, reveló la realización de una reunión en Polanco, Ciudad de México, a finales de 2021. En ella participaron Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente, y Amílcar Olán, prestanombres del llamado “Clan”. También asistieron el vicealmirante Farías y el empresario Arnold Rojas Tame, apodado El señor de los tanques.
Según los informantes, Rojas Tame financió vuelos privados para trasladar a Farías a la reunión. La logística no fue fortuita: significaba la consolidación de un pacto entre militares, empresarios y herederos políticos. En la sede, Sócrates 206, destacó también la presencia del abogado Hugo Flores, vinculado con políticos de Querétaro y Morelos.
Fuentes aseguran que el encuentro sirvió para diseñar la estrategia que haría del huachicol fiscal un negocio más rentable. “Bobby” López Beltrán aportó su influencia en el Istmo de Tehuantepec, específicamente el puerto de Salina Cruz, punto clave para el Tren Interoceánico, mientras los marinos garantizaban control portuario y empresarios como Rojas Tame facilitaban la red logística ferroviaria.
Hoy, tras estallar el escándalo y aparecer muertes en circunstancias extrañas —suicidios imposibles y accidentes con armas—, se sabe que Amílcar Olán dejó México. Informes de inteligencia ubican a su familia en Suiza. Su empresa Romedic, favorecida con contratos en Quintana Roo, es investigada por mover al menos 3 mil millones de pesos.
El rastro financiero apunta a Jaime Augusto Priego Rodríguez, representante de Romedic y hermano de un funcionario tabasqueño. También surge Daudet Azmitia Ortega, ganadero ligado a facturación falsa. En conjunto, las piezas exhiben cómo la red del huachicol fiscal unió a políticos, militares, empresarios y familiares presidenciales en un esquema transnacional de corrupción.
