POLÍTICA EXPRÉS | * Malestar en la Marina: huachicol fiscal exhibe corrupción y exige limpieza total
La Secretaría de Marina (Semar) atraviesa una de sus mayores crisis de credibilidad tras el estallido del escándalo del huachicol fiscal. Lo que antes parecía impensable —la corrupción en altos mandos navales— hoy ocupa titulares y genera un profundo malestar interno que amenaza con erosionar su prestigio histórico.
El involucramiento de figuras como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros nueve marinos, sumados a funcionarios aduaneros, ha sido una sacudida. La Semar, percibida por años como un baluarte de disciplina y honestidad frente a otras corporaciones, ahora aparece contaminada por redes de complicidad ligadas al crimen organizado.
Los mandos de la Semar lo tienen claro: fueron los propios marinos quienes iniciaron la investigación en 2024 a través de la Unidad de Inteligencia Naval. Ellos mismos entregaron la investigación a la FGR, lo que sugiere que dentro de la institución existe un núcleo indignado y dispuesto a limpiar la casa, pese a resistencias.
Esa doble realidad —corruptos protegidos frente a marinos honestos— explica el malestar. No es lo mismo cargar con la vergüenza de quienes traicionaron al uniforme que mantener la moral intacta. Por eso, voces al interior demandan un proceso ejemplar, que vaya más allá de simples sanciones administrativas.
En redes sociales, el caso refleja un eco del enojo naval. Usuarios hablan de cómo la Marina pasó de símbolo de respeto a institución “contaminada”. Críticos recuerdan que detrás de la red de huachicol fiscal hay conexiones con el Cártel del Golfo y el CJNG, lo que agrava la deshonra.
Este 16 de septiembre, previo al desfile militar en la CDMX, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales lo reconoció públicamente: “el silencio sería imperdonable”. Esa frase es clave, pues admite que el tema es ineludible. Callar equivaldría a avalar la corrupción, y sería un mensaje devastador para la tropa que aún cree en la misión naval.
El huachicol fiscal no es un delito menor. Se trata de un fraude multimillonario, con miles de millones en impuestos evadidos. La magnitud del desfalco obliga a un castigo proporcional. Si la Marina quiere recuperar su autoridad moral, debe exigir que el proceso llegue hasta sus últimas consecuencias.
Más allá de responsabilidades individuales, el golpe es institucional. Expertos han señalado que el caso golpea la imagen de incorruptibilidad naval. Esa pérdida de confianza pública puede ser tan grave como las pérdidas económicas, porque mina el vínculo entre ciudadanos y marinos, construido con años de sacrificios.
El reto es monumental: separar con firmeza a quienes traicionaron al uniforme y procesarlos sin importar rangos ni relaciones políticas. Solo así se evitará que la mancha se convierta en norma. Cualquier titubeo abonará a la percepción de impunidad y ahondará el descontento entre marinos honestos.
La limpia debe ser total, sin excepciones ni pretextos. Tope hasta donde tope, el caso del huachicol fiscal debe marcar un parteaguas. La Marina no puede permitirse ser recordada por su complicidad con el crimen, sino por su decisión de extirpar la corrupción de raíz, caiga quien caiga.
