POLÍTICA EXPRÉS | * La nueva Corte, mediocre, sin legitimidad y sometida al Ejecutivo; regresamos a los años 90
La reciente toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de legitimidad. No se trata de un relevo democrático, sino de una operación de Estado diseñada para someter al Poder Judicial al Ejecutivo. La farsa organizada fue legalizada con apariencia de elecciones.
El espectáculo, vendido como ejercicio histórico de participación popular, terminó siendo una simulación. Los mismos operadores que han manipulado elecciones locales ahora aparecieron financiando acordeones, movilizando estructuras y distribuyendo recursos públicos. Así, el nuevo máximo tribunal nace manchado por la sombra de la ilegalidad.
Documentos, testimonios y contratos revelan la llamada “Operación Acordeón”. La Secretaría del Bienestar, bajo el disfraz de programas sociales, destinó fondos a la impresión y distribución de materiales que orientaban al electorado judicial. El dinero público, destinado a combatir la pobreza, fue redirigido para consumar la captura del Poder Judicial.
La participación ciudadana fue un decorado. Algoritmos, operadores territoriales y medios pagados con recursos del erario garantizaron que los elegidos fueran incondicionales al Ejecutivo. En vez de autonomía, se aseguró obediencia. En vez de magistrados imparciales, tendremos funcionarios subordinados. Esa es la “justicia” que ahora se estrena en México.
El Tribunal Electoral y el INE tuvieron en sus manos pruebas suficientes para anular el proceso. Contratos, cheques y testimonios mostraban el uso indebido de recursos públicos. Pero, fieles al guion, prefirieron desechar las denuncias y dar validez a lo que ya estaba decidido desde Palacio Nacional.
Con esta validación, el régimen consumó el mayor retroceso democrático en décadas. El Poder Judicial, que debería ser contrapeso del Ejecutivo, quedó sometido. El nuevo rostro de la Corte no refleja justicia ni imparcialidad, sino la consolidación de un modelo autoritario disfrazado de participación ciudadana.
Lo grave no es sólo la manipulación, sino la normalización de las mentiras, de la trampa, de lo ilegal. Programas sociales usados como armas políticas, propaganda disfrazada de información, dádivas repartidas como carnada electoral. Cada paso violó la Constitución y la ley. Sin embargo, ninguna autoridad actuó, porque todas juegan en el mismo equipo.
La ceremonia de toma de posesión fue pura faramalla. Discursos sobre independencia, solemnidad en los recintos y juramentos huecos no pueden ocultar que la Corte nació capturada. La escenografía sirvió para maquillar lo que en el fondo fue un fraude político contra la justicia y contra los ciudadanos.
El mensaje al país es devastador: no hay árbitro confiable, no hay tribunal independiente, no hay justicia imparcial. El ciudadano común queda desprotegido porque la Corte, que debería defender sus derechos, está ahora al servicio del poder que debería vigilar. La autonomía judicial ha sido enterrada.
México todo presenció el fin de la división de poderes. El Ejecutivo manda, el Legislativo obedece y el Judicial acata. La mal llamada 4T convirtió la justicia en apéndice del poder político. Lo que celebran como triunfo democrático es, en realidad, la consumación de un Estado autoritario disfrazado de legalidad.
