Del muelle a las urnas: Cómo el dinero del huachicol fiscal financió campañas de Morena
El expediente FEMDO/FGR que investiga la trama del huachicol fiscal en México, en la que está inmiscuida la Marina, políticos de Morena, empresarios y concesionarios de Pemex, no se detuvo en la operación portuaria. Los investigadores hallaron rastros de dinero desviado hacia campañas políticas en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. El combustible ilegal descargado en buques terminaba convertido en efectivo para operadores electorales vinculados con alcaldías, congresos locales y aspirantes a gubernaturas.
Santo reveló que parte de los recursos no se distribuía entre marinos ni empresarios. Existía un “fondo político” que se canalizaba en periodos electorales. Cada pipa equivalía a millones de pesos líquidos que podían usarse para financiar propaganda, estructuras de movilización y compra de votos en comunidades.
Uno de los nombres que aparecía de manera recurrente en sus declaraciones era el de Humberto Enrique López Arellano. Este operador, cercano a legisladores federales, fungía como intermediario entre los hermanos Farías Laguna y equipos de campaña locales. Su papel era convertir el huachicol en capital político inmediato.
Las bitácoras de descargas en Tampico coinciden con periodos críticos. En abril de 2024, mientras se disputaban alcaldías en Tamaulipas, llegaron tres buques consecutivos. Santo señaló que esos cargamentos se destinaron “a la política”. Poco después, candidatos oficialistas reportaron gastos muy por encima de lo registrado legalmente.
En Veracruz, la ruta fue similar. El puerto de Coatzacoalcos sirvió como punto de entrada para hidrocarburos, cuyos beneficios se usaron en campañas locales. La FGR rastreó depósitos a empresas fachada vinculadas con consultoras electorales. El dinero del contrabando se blanqueaba mediante contratos de publicidad y encuestas simuladas.
Oaxaca también apareció en la trama. Testimonios refieren que operadores del huachicol buscaron influencia en municipios del Istmo, la región estratégica por su futuro corredor interoceánico. Las descargas de buques coincidieron con campañas municipales en Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz, donde candidatos a alcaldes, diputados y a senadores recibieron apoyos en efectivo sin registro contable.
Santo advirtió que los propios marinos hablaban abiertamente de la “caja chica electoral”. Los sobrinos del almirante Ojeda no solo eran garantes de la operación portuaria, sino que decidían qué campañas financiar. La corrupción no solo saqueaba al Estado, también distorsionaba la voluntad ciudadana en las urnas.
La FGR detectó transferencias trianguladas desde empresas vinculadas a aduanas hacia consultoras políticas. En algunos casos, los pagos eran por supuestos estudios de opinión, aunque no existían productos entregados. Era el mecanismo perfecto para justificar la salida de efectivo que realmente provenía del contrabando de combustibles.
El financiamiento ilegal explica el crecimiento repentino de estructuras electorales en municipios pobres. Donde antes había mítines de cien personas, de pronto había concentraciones masivas, camiones rentados, despensas y espectaculares. Todo financiado con el dinero sucio que se generaba en los muelles, bajo el resguardo de uniformados.
Así, Morena le abrió la puerta a una dimensión más peligrosa: el huachicol fiscal dejó de ser solo un negocio clandestino. Se convirtió en un instrumento de poder político. Y en la quinta parte se documentará cómo las muertes de marinos y funcionarios buscaban borrar esas huellas comprometedores.
