POLÍTICA EXPRÉS | * Una revocación convertida en ratificación a base de engaños y coerción política
El gobernador Salomón Jara se enfrenta a un escenario inédito: ocho de cada diez oaxaqueños desean que deje el cargo. Sin embargo, en vez de atender el reclamo ciudadano, ha preferido manipular el mecanismo de revocación, intentando transformarlo en un plebiscito autoritario de ratificación con dinero y recursos públicos.
Con el respaldo de la mayoría morenista en el Congreso local y sus aliados, se aprobaron reformas constitucionales y legales exprés. Estas modificaciones permiten que la consulta de revocación de mandato se realice el 18 de enero de 2026, bajo reglas cuestionadas que reducen plazos y facilitan irregularidades.
Los cambios normativos acortan los tiempos de recolección de firmas, verificación de apoyos, emisión de convocatoria y validación del proceso. Todo se hizo a la medida del gobernador, debilitando la transparencia. En lugar de fortalecer un derecho ciudadano, el Congreso le tendió un puente a la simulación autoritaria.
La estrategia central de Jara consiste en usar políticamente a los 570 presidentes municipales del estado. A través de operadores enviados desde Palacio, ofrece obras, apoyos sociales y un pacto implícito de impunidad en el manejo discrecional de recursos. Los ediles se convierten en engranajes de su maquinaria política.
Lo más alarmante es el desvío sistemático del presupuesto estatal para financiar propaganda disfrazada de comunicación gubernamental. Spots, espectaculares, giras mediáticas y entrevistas buscan construir una imagen artificial. La revocación deja de ser un instrumento ciudadano y se convierte en la excusa para derrochar en publicidad personal.
La contratación de una empresa española especializada en comunicación política confirma la farsa. Recursos que deberían destinarse a salud, empleo o infraestructura se desvían a pagar estrategas extranjeros. El gobernador, con la aprobación más baja del país, usa dinero público para sostener su imagen. Una afrenta indignante.
Las encuestas no dejan margen de duda: 89% de los ciudadanos quieren que Jara se vaya. Apenas 10% respalda su continuidad. No es una campaña de desprestigio, sino un rechazo profundo a un gobierno marcado por nepotismo, corrupción, rezago económico y abandono de servicios básicos. La gente ya decidió.
A pesar de ello, Jara pretende blindarse políticamente con la consulta. Busca convertir un juicio ciudadano en un ritual de legitimación, movilizando votos mediante dádivas y amenazas veladas. Brigadas estatales, ediles cooptados y operadores de partido transforman un derecho democrático en un simulacro de participación controlada desde el poder.
Esta manipulación no es solo inmoral, también roza lo ilegal. El uso de programas sociales, recursos municipales y contratos de propaganda pagados con erario podría configurar delitos electorales. El INE y el IEEPCO tienen la obligación de impedir que la consulta se convierta en un fraude legitimado institucionalmente.
Jara es hoy uno de los gobernadores peor evaluados de México. Mientras Oaxaca enfrenta carencias en salud, seguridad, empleo e infraestructura, el mandatario gasta capital político y dinero público en su propia sobrevivencia. El pueblo exige revocación real, mientras el político morenista opera una ratificación disfrazada que insulta la inteligencia colectiva de Oaxaca.
