Salomón Jara convierte la revocación de mandato en campaña de ratificación; busca el apoyo de los 570 alcaldes
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció públicamente estar dispuesto a someterse al ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, en los hechos, opera políticamente para convertir este mecanismo ciudadano en una ratificación a su gestión, utilizando recursos públicos y el respaldo de los 570 presidentes municipales del estado.
De acuerdo con información recabada, colaboradores del mandatario recorren cabeceras distritales para sostener reuniones con alcaldes. En estos encuentros, se solicita primero el apoyo para recolectar firmas que activen la revocación y, posteriormente, el compromiso de garantizar un voto mayoritario en favor del gobernador durante la jornada de consulta.
La estrategia busca generar un efecto de legitimidad al presentar el ejercicio como un respaldo abrumador a la permanencia de Jara Cruz. De esta manera, un mecanismo diseñado para evaluar y, en su caso, destituir a un mandatario, se transforma en un instrumento de autopromoción política financiado con recursos públicos.
Los enviados del gobernador ofrecen a los presidentes municipales apoyos en programas sociales, obras de infraestructura y un acuerdo tácito de impunidad a cambio de su respaldo. La promesa es que no habrá sanciones por irregularidades ni observaciones graves a presupuestos municipales si se alinean con la operación de ratificación.
Algunos ediles ya manifestaron su disposición a colaborar. Entre ellos se encuentran Auberto Ramos Acevedo, presidente municipal de Santiago Jamiltepec, y Raymundo Chagoya Villanueva, de Oaxaca de Juárez. Ambos admitieron abiertamente que el objetivo es presentar la consulta como una ratificación masiva y un aparente fortalecimiento político del mandatario estatal.
No obstante, especialistas en derecho electoral advierten que esta estrategia podría configurar un delito electoral. El uso de recursos públicos para influir en un proceso ciudadano constituye una violación a la ley. Por ello, exigen la intervención del INE y el IEEPCO para garantizar la legalidad del ejercicio.
A las denuncias se suma el coordinador del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. El legislador reveló que Jara contrató a un grupo español especializado en comunicación política para diseñar una gran campaña de propaganda con cargo al erario, lo que representa un presunto desvío de recursos públicos en beneficio personal.
Mientras tanto, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) prepara la etapa inicial del proceso. La recolección de firmas está prevista entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, hasta el momento no existe un presupuesto específico asignado para organizar la eventual jornada de votación.
La operación política contrasta con los niveles de desaprobación que enfrenta Jara Cruz. Según una encuesta de Arias Consultores realizada en enero de 2025, el 89% de los oaxaqueños está a favor de revocarle el mandato, reflejando un rechazo generalizado a su administración, marcada por corrupción, nepotismo e incumplimiento de promesas.
La encuesta también señala que solo 10.2% de los ciudadanos desea que termine su sexenio. Estos datos colocan a Jara como el gobernador con mayor rechazo ciudadano en México. La inconformidad se debe no solo a la falta de resultados, sino también a su estilo revanchista contra adversarios, medios y periodistas.
A nivel nacional, Jara se encuentra entre los cinco gobernadores peor evaluados, junto con David Monreal, Indira Vizcaíno, Rubén Rocha Moya y Layda Sansores. Su calificación es incluso más baja que la de mandatarios que enfrentan graves crisis de violencia, lo que refleja la magnitud del deterioro político que enfrenta Oaxaca.
En desempeño general, Jara ocupa el penúltimo lugar entre los 32 gobernadores del país, solo por encima de David Monreal de Zacatecas. Su aprobación es de 8.1%, mientras el promedio nacional se sitúa en 32.2%. Estos números evidencian la desconexión de su gobierno con las necesidades reales de la población.
La percepción de credibilidad también es baja: únicamente 8.1% de los oaxaqueños cree en la veracidad de sus declaraciones. Además, la percepción de seguridad apenas alcanza 10.3%, mientras que en estados como Querétaro y Coahuila supera el 48%. Oaxaca, en cambio, permanece rezagado en materia de seguridad, empleo e infraestructura.
En el ámbito económico, la situación no mejora. Oaxaca ocupa el último lugar en generación de empleos y crecimiento, con apenas 7.4% de aprobación ciudadana. La falta de incentivos para atraer inversiones ha desalentado al sector privado. Con 11.1% de aprobación en este rubro, la gestión muestra una marcada ineficacia.
Los problemas en servicios básicos agravan el descontento. Con 9.4% de aprobación en infraestructura, el rezago en proyectos esenciales es evidente. El sistema de salud estatal también se encuentra en crisis, incapaz de cubrir necesidades mínimas. La ciudadanía percibe un gobierno ausente en áreas prioritarias y enfocado solo en propaganda personal.
El escenario político y social apunta a una crisis de gobernabilidad. El intento de Salomón Jara de convertir la revocación en una ratificación representa, para muchos, un engaño más. Mientras la ciudadanía exige cambios y resultados, el gobierno invierte en propaganda, favores políticos y manipulación, profundizando la desconfianza y el hartazgo social.
