POLÍTICA EXPRÉS | * Cómo la Policía Vial de Oaxaca ha sido convertida por Salomón Jara en arma política
El gobierno de Salomón Jara ha desvirtuado a la Policía Vial Estatal, transformándola en un instrumento de espionaje contra los ciudadanos. Lejos de proteger la seguridad vial, los agentes graban a ciudadanos para fabricar escándalos mediáticos, violando derechos humanos y manipulando la ley con fines políticos.
Los puestos de control del alcoholímetro, diseñados para prevenir accidentes, son ahora escenarios de vigilancia política. Cada detención se convierte en una cacería de imágenes, donde los agentes clasifican objetivos y recopilan material para linchar mediáticamente a quienes desafían el poder del gobernador y sus aliados.
El caso de Nathaly Chávez García, senadora suplente de Morena, expone esta maquinaria perversa. Grabada en un control vial sin ser la conductora, fue exhibida en un montaje mediático. El objetivo no era sancionar una infracción, sino desprestigiarla para debilitar a la precandidata a la gubernatura por Morena, Luisa Cortés García.
La senadora Cortés, una figura fuerte en Morena rumbo a la gubernatura de Oaxaca, fue un blanco de oportunidad. Jara y su secretario de Gobierno, Jesús Romero, buscan neutralizarla para allanar el camino a candidatas afines como Laura Estrada Mauro y Saymi Pineda Velasco, garantes de su impunidad.
Documentos oficiales divulgados en la red X por una cuenta del colectivo periodístico Punto y Aparte, confirman que el vehículo detenido, un Nissan Versa 2018, pertenece a Jorge Antonio Guerrero González, quién era el conductor y responsable de la infracción. Sin embargo, las imágenes filtradas se usaron para atacar a Chávez, manipulando hechos y distorsionando la verdad en una estrategia de desprestigio orquestada.
La filtración no fue un error. Operadores ligados a Toribio López Sánchez, director de la Policía Vial estatal, difundieron videos manipulados con rapidez quirúrgica. Este patrón evidencia una operación sistemática. La Policía Vial ya no persigue infracciones, sino que va más allá: fabrica narrativas para eliminar rivales políticos dentro y fuera de Morena.
El uso de datos oficiales para fines políticos es un abuso de poder alarmante. La Policía Vial, en lugar de servir a los ciudadanos, se ha convertido en un brazo de espionaje que vulnera la privacidad bajo el pretexto de revisiones viales. Oaxaca merece instituciones, no herramientas de represión.
Esta degradación institucional bajo el gobierno de Salomón Jara es un ataque directo a la democracia. La guerra sucia, orquestada desde el aparato de seguridad, corrompe la función pública y pone en riesgo a cualquier ciudadano. Los agentes, convertidos en camarógrafos políticos, sirven a los intereses de Jara, no al pueblo.
La lucha por la sucesión gubernamental explica esta cacería. Morena busca imponer candidatas leales, y cualquier voz independiente es atacada sin piedad. El alcoholímetro, lejos de ser una medida de seguridad, es ahora un laboratorio de linchamiento mediático que amenaza la libertad en Oaxaca.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca debe actuar ya. Grabar ciudadanos en controles viales debe prohibirse de inmediato. La privacidad no es moneda de cambio electoral. El gobierno de Jara, autoritario y vengativo, debe rendir cuentas por convertir la seguridad pública en arma política.
