Exfuncionario denuncia corrupción y persecución política en Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca; responsabiliza a consejero jurídico
El exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Juan Edy García Coronado, denunció públicamente un presunto entramado de corrupción dentro de los órganos responsables de combatir esas prácticas. En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló directamente al consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero.
García Coronado, quien se desempeñó como secretario general de acuerdos del Tribunal, asegura que fue detenido arbitrariamente el 28 de julio de 2023 y mantenido bajo arresto domiciliario durante casi dos años por un delito nunca probado. Afirma que su caso ejemplifica un mecanismo de represalia política.
El exfuncionario sostiene que su detención se basó únicamente en la aplicación supletoria de una norma improcedente y que jamás existió resolución fundada que la justificara. “Nunca hubo pruebas formales ni una resolución motivada. Fue una detención política”, declaró. Asegura que estas prácticas buscan silenciar voces críticas en Oaxaca.
Vásquez Sagrero.
Señaló directamente al consejero jurídico Vásquez Sagrero, a quien responsabiliza de encabezar una estructura paralela dentro del tribunal anticorrupción, supuestamente utilizada para instaurar prácticas de represión judicial. Además, lo acusa de influir en procesos penales contra servidores públicos críticos, mediante fiscales y jueces vinculados políticamente.
En su denuncia también mencionó a otros funcionarios presuntamente implicados: Mateo Martínez Martínez, presidente del Tribunal; Sergio Eloy Cortés, juez de control; Karina Reyes Ávila, titular de la Fiscalía Anticorrupción; y Abisai González Cruz, fiscal en jefe de la FEMCCO. Añadió a Ramsés Aldeco Reyes Retana y Margarito Enrique López como denunciantes del proceso penal.
García Coronado advirtió que su expediente está plagado de irregularidades, incluida una orden de aprehensión sin pruebas suficientes. Solicitó a la Presidencia de la República una investigación independiente y alertó que el sistema penal en Oaxaca funciona como “fábrica de culpables”, reflejando una crisis institucional que utiliza la justicia como herramienta política.
