POLÍTICA EXPRÉS | *Del Coneval al INEGI: confianza y riesgo en medir pobreza
La reciente decisión de transferir al INEGI la responsabilidad de medir la pobreza en México, función que antes desempeñaba el Coneval, abre un debate sobre confianza, autonomía y credibilidad. El cambio no es menor, pues toca un tema central: cómo medir una de las principales desigualdades estructurales.
El Coneval fue creado como un órgano autónomo, especializado en la evaluación de políticas sociales y la medición de la pobreza. Su razón de ser era garantizar independencia frente a los gobiernos en turno, evitando manipulación política de cifras que impactan directamente en la percepción del combate a la pobreza.
Durante casi dos décadas, el Coneval consolidó una metodología multidimensional de pobreza reconocida internacionalmente. Combinaba datos de ingreso con carencias sociales, como educación, salud, vivienda y seguridad social. Además, ofrecía análisis críticos sobre programas oficiales, lo que lo convirtió en un contrapeso técnico incómodo, pero necesario, para la administración pública.
El INEGI, por su parte, ha sido históricamente el encargado de producir la estadística básica del país. Levanta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, insumo fundamental para la medición de pobreza. Su fortaleza es técnica y metodológica, pero su función nunca fue la evaluación de políticas sociales.
El cambio implica que el INEGI no solo recolectará datos, sino que también los interpretará y definirá indicadores de pobreza. Aquí surge la preocupación: la riqueza del Coneval radicaba en la crítica y el análisis independiente; el INEGI, aunque autónomo, no tiene la misma vocación de contrapeso institucional.
Si bien el INEGI goza de prestigio técnico, el riesgo radica en la concentración de funciones. Sin Coneval, se pierde una segunda voz especializada que garantizaba transparencia y pluralidad metodológica. La pobreza es más que un dato estadístico: es un campo donde confluyen decisiones políticas, presupuestos y narrativas oficiales.
El Coneval también evaluaba programas sociales y políticas públicas, emitiendo recomendaciones basadas en evidencia. Este papel resulta esencial para orientar el gasto y corregir deficiencias. El INEGI no tendrá esa atribución, limitándose a generar cifras. La consecuencia es que se rompe el vínculo entre medición y evaluación de políticas.
Algunos defienden el cambio bajo el argumento de simplificación institucional. Señalan que INEGI ya hacía la parte técnica y que ahora solo concentrará el proceso. Sin embargo, esa simplificación reduce la capacidad de escrutinio independiente, justo en un país donde los datos oficiales suelen usarse con fines políticos.
La credibilidad en las cifras de pobreza será puesta a prueba en los próximos años. Todo dependerá de que el INEGI mantenga absoluta transparencia metodológica y permita que universidades, centros de investigación y sociedad civil puedan auditar y replicar sus resultados. Sin esa apertura, la sospecha reemplazará a la confianza.
México necesita datos confiables, pero también instituciones que sirvan de contrapeso. El Coneval representaba ese espacio independiente; el INEGI deberá demostrar que puede asumir esa responsabilidad sin ceder a presiones. La pobreza no es una cifra manipulable: es una realidad dolorosa que exige rigor, independencia y, sobre todo, credibilidad.
