Invasiones ilegales amenazan planeación urbana, seguridad jurídica y sustentabilidad del Parque Nacional Huatulco
La ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, ha generado creciente preocupación entre empresarios, organizaciones civiles y residentes, quienes advierten sobre las graves consecuencias de esta práctica. Las invasiones, que afectan tanto áreas urbanas como zonas ecológicamente sensibles, como los alrededores del Parque Nacional Huatulco, representan una amenaza para la planeación urbana, la seguridad jurídica y la preservación ambiental. Esta situación pone en riesgo el equilibrio que ha posicionado a Huatulco como un destino turístico sustentable de renombre internacional.
Desde 2018, se han identificado al menos 915 hectáreas invadidas por más de 30 grupos, lo que ha dado lugar a 39 asentamientos irregulares en áreas como El Arenal, Bajos de Coyula y El Faisán. Según denuncias de ciudadanos y empresarios agrupados en cámaras como Canaco, Canirac y la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco, muchas de estas ocupaciones estarían respaldadas por intereses políticos. Estos grupos, con presunto apoyo de autoridades locales, manipulan títulos comunales para justificar las tomas ilegales, generando un clima de impunidad.
En redes sociales, los habitantes han documentado el rápido crecimiento de estas colonias irregulares, criticando la inacción de los gobiernos municipal y estatal. Sorprendentemente, algunos invasores han accedido a servicios como el pago de predial o incluso créditos de Infonavit, a pesar de que estas zonas carecen de infraestructura básica y planes de urbanización formal. Este crecimiento descontrolado no solo afecta el tejido social, sino que también pone en peligro certificaciones internacionales como EarthCheck, esenciales para mantener el prestigio de Huatulco como destino sostenible.
A pesar de intentos por regularizar la situación, como la entrega de más de mil 200 escrituras en 2024 a familias en asentamientos irregulares, las críticas persisten. Muchos consideran que estas medidas podrían legitimar la ilegalidad sin abordar a los responsables de las invasiones. El convenio firmado en 2020 entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Ayuntamiento de Huatulco no ha logrado contener la proliferación de asentamientos, lo que agrava la crisis.
La falta de medidas contundentes y coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales podría derivar en una crisis de gran escala para Huatulco. Sin una intervención efectiva, el desarrollo turístico, la seguridad jurídica y la conservación ambiental de la región enfrentan un futuro incierto. Organizaciones y ciudadanos urgen la implementación de políticas claras para frenar las invasiones y proteger el patrimonio natural y cultural de este destino.
