Oaxaca, Veracruz y Tabasco lideran sanciones por “violencia de género” usadas para censurar críticas ciudadanas.
Hasta el 13 de julio de 2025, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del INE, ha contabilizado 478 personas sancionadas. Aunque en algunos reportes se menciona un total de 525 registros, esos corresponden a resoluciones y no a sanciones definitivas ya ejecutadas . De este total, el 62.9 % corresponde a presidentes municipales, seguidos por ciudadanos comunes, periodistas y regidores.
Oaxaca encabeza la lista estatal, con 154 personas sancionadas, seguida por Veracruz con 54 y Tabasco con 37. Estos tres estados conforman el top 3 en cuanto al número de sancionados por presunta violencia política de género, lo que confirma el dato inicial actualizado y coloca a Oaxaca como entidad con el mayor número de registros en el país.
Diversos periodistas, tuiteras y ciudadanos han sido sancionados bajo esta figura jurídica, incluso por simples críticas o comentarios en redes sociales. Ejemplos emblemáticos incluyen los casos de Karla Estrella y Laisha Wilkins, sancionadas por mensajes críticos en X hacia figuras del partido Morena, como Diana Barreras y Dora Martínez. En estos procesos se les obligó a ofrecer disculpas, pagar multas, realizar cursos de género y permanecer inscritos en el registro del INE por meses.
Organizaciones como Artículo 19 han alertado sobre el uso indebido de la figura legal de violencia política de género como herramienta de censura política. Se señala que leyes y resoluciones legítimas se han utilizado para silenciar voces críticas en medios y redes, infiltrándose como prácticas de autocensura o represalia institucional, especialmente durante el periodo electoral judicial reciente.
En conjunto, los datos demuestran que la narrativa original—de que Oaxaca, Veracruz y Tabasco encabezan el top estatal de sanciones, que el INE registraba 478 personas sancionadas y que esta figura se usa para censurar críticas—se mantiene vigente y se encuentra respaldada por cifras oficiales y análisis periodísticos. El fenómeno evidencia una tensión entre el marco legal diseñado para proteger a mujeres en política y su potencial instrumentalización para limitar la libertad de expresión y desacreditar voces disidentes.
