Gobierno de Jara quitará rutas a concesionarios locales y tomará control del transporte urbano en septiembre
A partir de septiembre, el Gobierno de Oaxaca tomará el control de al menos 35 rutas del transporte urbano en la ciudad capital y su zona metropolitana, como parte de una reestructuración del sistema público que busca replicar el modelo del CityBus. Esta medida forma parte de una estrategia oficial para ofrecer un servicio más eficiente, seguro y moderno, ante las quejas ciudadanas por unidades deterioradas, tarifas variables y rutas mal planeadas.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue enfático al declarar este jueves que “nada ni nadie detendrá” esta decisión, y advirtió a los concesionarios que el proceso es irreversible. Por su parte, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco, informó que se cancelarán concesiones otorgadas a particulares y que, en su lugar, los actuales transportistas deberán convertirse en permisionarios, bajo nuevas reglas operativas y con supervisión directa del Estado.
El objetivo, según ambos funcionarios, es acabar con el dominio que por años han ejercido cuatro empresas que integran el llamado “pulpo camionero”, entre ellas Choferes del Sur y Tucdosa, vinculadas a la empresaria Alejandra Candiani. Estas compañías han controlado gran parte del transporte urbano con prácticas monopólicas, resistencia a la modernización y una notable capacidad de presión política y social.
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De acuerdo con los secretarios Romero y Nolasco, los empresarios han comenzado a movilizar a sus trabajadores, con el argumento de que cientos de choferes quedarían desempleados. No obstante, aseguran que la continuidad laboral de los conductores dependerá de los propios dueños de las unidades, pues nada impide que sean recontratados bajo el nuevo esquema.
El conflicto ha abierto un frente más en la disputa por el poder en el espacio urbano de Oaxaca, donde el gobierno de Salomón Jara busca desmantelar estructuras históricas de control y transformar el transporte público. Aunque la promesa es modernización y mejores condiciones para usuarios y operadores, el proceso también ha generado incertidumbre, sospechas de favoritismo en la asignación de permisos y temor a represalias de los grupos afectados.
