Locatarios del Mercado de Abasto denuncian presiones políticas por parte de lideresa de Morena
Locatarios del Mercado de Abasto de Oaxaca capital denunciaron públicamente que están siendo presionados por Brenda Mendoza Ramírez, una de las lideresas del centro comercial y militante de Morena, para apoyar al candidato de su preferencia. A través de una carta enviada a medios de comunicación, los comerciantes aseguran que, bajo amenazas de perder sus espacios y permisos, se les obliga a asistir a eventos políticos y grabar mensajes de apoyo, en contra de su voluntad.
En la misiva, una de las personas afectadas relata que lleva más de 15 años trabajando en la calle Mercaderes del mercado y que Mendoza Ramírez exige la asistencia de tres a cuatro personas por puesto a los actos proselitistas. En caso de no cumplir, la lideresa impone una multa de 200 pesos por persona ausente, cobrada de forma prepotente por ella o por su hijo.
La denunciante sostiene que esta práctica se ha mantenido durante años, sin que se tomen en cuenta las necesidades o derechos de los agremiados. Además, acusan que Mendoza Ramírez ha llegado incluso a retirar a vendedores de sus lugares de trabajo como forma de castigo, para luego revender esos espacios hasta en 30 mil pesos. Esto ha afectado a comerciantes que han invertido años en construir su patrimonio en el mercado. De acuerdo con la denuncia, quienes son desplazados son reubicados en sitios más pequeños o lejanos, sin posibilidad de reclamar por antigüedad o derechos adquiridos. Otro de los abusos señalados es el incremento arbitrario de las cuotas diarias por el uso del espacio, las cuales pasaron de 15 pesos a montos de hasta 200 pesos por puesto.
Según los locatarios, estas cuotas no solo se han triplicado sin justificación, sino que también se cobran sin transparencia, en beneficio de la lideresa y su grupo cercano. A esto se suman nuevas exigencias políticas, como acudir a votar por el candidato que ella respalda y presentar pruebas de haberlo hecho. La carta concluye con un llamado urgente a las autoridades del INE para que intervengan ante estos hechos que, según los denunciantes, han rebasado los límites del abuso de poder. Por temor a represalias, los comerciantes prefieren mantener el anonimato, pero afirman contar con pruebas que respaldan todas sus acusaciones. “Ya basta”, claman, asegurando que han sido humillados incluso por los hijos de las lideresas, y exigen que se respete su derecho al trabajo sin coacción política.
