Gobierno de Oaxaca oculta muerte de internos y presunta fuga en penal de Tanivet, tras violento operativo
Dos reclusos muertos, presumiblemente a golpes, y uno más presuntamente fugado, fue el saldo de un cateo efectuado la madrugada del pasado jueves en el penal de mediana seguridad de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. El operativo, que se mantuvo en total hermetismo por las autoridades penitenciarias, habría sido resultado de una protesta interna por abusos y corrupción al interior del centro penitenciario.
La denuncia fue hecha pública por custodios penitenciarios del estado de Oaxaca mediante una carta abierta dirigida al secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch; al gobernador Salomón Jara Cruz; y a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón. En el documento, los firmantes acusan graves irregularidades, corrupción y represión sistemática dentro del sistema penitenciario estatal.
El operativo, realizado durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue encabezado por el subsecretario de Reinserción Social del gobierno estatal, Roberto Claudio Castillo Ramírez, acompañado por el director del penal, José Jarquín López, y un grupo de custodios conocidos por su “mano dura”. El objetivo oficial era buscar armas hechizas, drogas y celulares. Sin embargo, los custodios denuncian que el grupo entró golpeando a varios internos, como represalia por una protesta ocurrida días antes en el Sector 11.
La consecuencia inmediata del operativo fue la muerte de dos reclusos y la supuesta fuga de un tercero. Uno de los fallecidos fue trasladado en una ambulancia sin equipo médico ni personal capacitado al hospital IMSS-Bienestar de Tlacolula, donde los médicos confirmaron que ya había muerto al llegar. El cuerpo mostraba rigidez cadavérica y golpes visibles, y no se aplicó ningún protocolo de reanimación. La versión oficial habla de un infarto, pero las evidencias apuntan a un caso de encubrimiento.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado publicó un escueto comunicado minimizando los hechos y alegando una “confusión” en torno a la muerte del interno. No obstante, familiares de reclusos y custodios sostienen que se trató de una agresión mortal encubierta por las autoridades penitenciarias para evitar el escándalo público y legal.
Otro hecho grave es la supuesta fuga de Amin Gómez Bautista, quien según las autoridades escapó del penal “intramuros”, es decir, desde el interior del reclusorio. Esta versión ha generado incredulidad, dado que Tanivet es considerado uno de los penales más seguros del sureste mexicano, con muros de 12 metros de altura, sistemas de videovigilancia y múltiples controles de seguridad.
Internos y abogados sospechan que Gómez Bautista en realidad fue asesinado durante el operativo, y que su fuga es una historia fabricada para desviar la atención. La hipótesis cobra fuerza tras el hallazgo del cuerpo sin vida de otro interno, David Chiguil, presuntamente ahorcado en su celda. Chiguil, un reo de alta peligrosidad, también presentaba golpes en el cuerpo y no tenía, según testimonios, razones aparentes para suicidarse.
Los custodios denunciantes señalan directamente al subsecretario Roberto Claudio Castillo y al director José Jarquín como responsables de los hechos. Acusan al primero de cobrar cuotas ilegales a través de los directores de penales y al segundo de permitir el ingreso de drogas y celulares a cambio de sobornos, además de ejercer una administración corrupta y violenta.
Asimismo, se señala a José Ocón Franco, jefe de control penitenciario, de incompetencia y negligencia, al no organizar al personal ni implementar estrategias de seguridad eficaces. En la carta se exige la destitución inmediata de los tres funcionarios, a quienes acusan de colapsar el sistema penitenciario por ambiciones personales y prácticas ilegales.
La crítica también se extiende al secretario de Gobierno, Jesús Romero, a quien responsabilizan de encubrir a los funcionarios implicados y controlar a la Fiscalía General del Estado para evitar que se investigue a fondo.
De acuerdo con los custodios, mientras Romero siga protegiendo a su equipo, los abusos y muertes dentro de los penales seguirán impunes.
Organizaciones de derechos humanos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han sido llamadas a intervenir, ya que la Fiscalía local no puede actuar con independencia. La situación exige una investigación profunda e imparcial para esclarecer las muertes, la supuesta fuga y las denuncias por tortura.
La política penitenciaria en Oaxaca atraviesa una grave crisis. La violencia, la corrupción y la impunidad dominan un sistema que, lejos de rehabilitar, pone en riesgo la vida de internos y trabajadores. La carta de los custodios representa una alarma urgente que las autoridades no pueden seguir ignorando.
