Funcionario del COBAO en Tehuantepec es señalado por agredir al periodista tras denuncias de corrupción
Armando López Álvarez, funcionario del sistema abierto del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) en Tehuantepec, ha sido acusado de agredir físicamente al director del portal informativo “El Shuana en Línea”, José Alejandro López, luego de que este medio difundiera señalamientos sobre presunta venta ilegal de certificados educativos. El hecho ha generado indignación entre sectores de la prensa y de la sociedad civil, al tratarse de un ataque directo a la libertad de expresión.
De acuerdo con las denuncias, López Álvarez conocido en la región como “Chipi” habría utilizado su cargo para comercializar certificados de estudios en lugares informales, como cantinas, violando con ello los principios de legalidad y ética en la educación pública. Las acusaciones también apuntan a que cuenta con protección política por parte de la exlideresa de San Blas Atempa, Agustina Acevedo, lo que le ha permitido mantenerse en un cargo que, según voces críticas, debería estar ocupado por un funcionario afín al gobierno actual.
La agresión contra el comunicador ocurrió tras la publicación de una nota donde se detallaban las supuestas irregularidades. Testigos relatan que fue golpeado brutalmente, lo que ha sido interpretado como un intento de silenciar la crítica y desalentar futuras investigaciones periodísticas. El caso toma relevancia nacional, ya que se da en el contexto de una discusión legislativa sobre la regulación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México.
Diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas han exigido una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales, así como garantías para la protección del comunicador agredido. Subrayan que este tipo de actos no pueden ser tolerados en un sistema democrático donde la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer.
Se espera que el gobierno del estado y la dirección general del COBAO emitan una postura oficial ante estos hechos. La ciudadanía exige que se sancione con firmeza cualquier acto de corrupción y violencia desde las instituciones públicas, para evitar que la impunidad siga debilitando la confianza en las autoridades educativas y judiciales.
