Crece la opacidad en SOAPA: presunto desvío de recursos sin auditoría ni investigación oficial
El director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SOAPA), Omar Pérez Benítez, enfrenta fuertes señalamientos de corrupción tras darse a conocer una denuncia pública en redes sociales, que lo acusa de desviar recursos millonarios mediante convenios opacos con el Comisariado de Bienes Comunales de San Agustín Etla. Pese a la gravedad de los hechos y el creciente malestar ciudadano, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública Gobierno del estado no ha iniciado ninguna auditoría ni investigación.
Según la denuncia de habitantes de San Agustín Etla, Pérez Benítez mantiene un acuerdo con Aarón Ruiz Rivera, actual presidente del Comisariado y al mismo tiempo empleado del área de alcantarillado de SOAPA, quien habría facilitado el desvío de recursos públicos. Se señala que en 2023 y 2024 se entregaron más de 6 millones de pesos al Comisariado por concepto de conservación de bosques y mantenimiento de canales, pero con la llegada de Ruiz Rivera al cargo comunal, el monto supuestamente aumentó de manera irregular hasta alcanzar los 10 millones de pesos en este 2025.
Lo más alarmante, según comuneros, es que ni SOAPA ni el propio Comisariado han querido transparentar el nuevo convenio, argumentando que la información fue clasificada por cinco años por razones de “seguridad nacional”. Esta negativa ha profundizado las sospechas de corrupción y provocó la indignación de habitantes de San Agustín Etla, quienes han bloqueado el flujo de agua hacia la ciudad de Oaxaca como forma de presión para exigir claridad en el uso de los recursos públicos.
Pese a la tensión creciente y la evidente falta de rendición de cuentas, la Secretaría de Honestidad y Transparencia estatal permanece en silencio, sin emitir posicionamiento alguno ni ordenar revisión alguna del caso. Esta omisión se suma a otros escándalos recientes que involucran al gobierno de Salomón Jara, como los sobrecostos en papel picado y conciertos masivos, lo que refuerza la percepción ciudadana de encubrimiento institucional y uso discrecional del erario.
Para diversos sectores, este podría tratarse de un nuevo caso de desfalco orquestado desde el interior del gobierno. La falta de voluntad para abrir los archivos y permitir una auditoría independiente alimenta la desconfianza y confirma que, mientras la ciudadanía exige transparencia, la administración estatal opta por proteger a sus funcionarios en lugar de investigarlos.
