
Activistas acusan al gobierno de Salomón Jara de construir una “verdad histórica” en el caso de Sandra Domínguez
Defensores de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, estaría construyendo una “verdad histórica” en torno al asesinato de la defensora ayuukj Sandra Estefanía Domínguez, localizada sin vida junto con su esposo Alexander Hernández Hernández el pasado 24 de abril.
Joaquín Galván, activista y compañero litigante de Sandra, advirtió que la narrativa oficial intenta deslindar a la administración morenista de cualquier responsabilidad en su desaparición y muerte, priorizando la defensa de su imagen pública por encima del esclarecimiento real de los hechos.
En un comunicado personal, Galván señaló que el enfoque gubernamental en la investigación es sesgado y dirigido únicamente a exonerar al gobierno, ignorando las denuncias previas de Sandra contra funcionarios vinculados al gabinete. Particularmente, mencionó a Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz y amigo del secretario de Gobierno, Jesús Romero, quien fue acusado por la activista de participar en grupos de mensajería donde se compartían imágenes íntimas de mujeres, además de estar implicado en un caso de violencia familiar actualmente archivado por la Fiscalía.
Galván subrayó que hay múltiples elementos preocupantes en el manejo del caso: la ejecución del presunto responsable durante un operativo, la implicación de una agente policial detenida, y la difusión masiva de versiones oficiales mediante medios financiados y el uso de bots para criminalizar a Sandra.
“A Sandra la desaparecieron el crimen organizado y operadores del gobierno a quienes ella había señalado”, acusó, señalando que todo apunta a una estrategia de encubrimiento y desviación de la verdad.
Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), también expresó su preocupación por la postura de la Fiscalía de Oaxaca, señalando que la investigación ha intentado separar la desaparición y asesinato de Sandra de su labor como defensora.
“Es preocupante que la Fiscalía trate de desdibujar su identidad como activista, cuando es precisamente ese trabajo el que puede haber motivado su asesinato”, advirtió.
López recordó que Oaxaca es una de las entidades más peligrosas para quienes defienden derechos humanos y recalcó que el Estado tiene la obligación de considerar la labor de las víctimas como una línea central en las investigaciones.
Señaló que existen pruebas claras sobre el trabajo de Sandra y sus denuncias contra funcionarios públicos, por lo que dar por sentado un móvil sin sustento —como ha hecho la Fiscalía— representa una falta de rigor y responsabilidad institucional.
Por su parte, Isaac Torres Carmona, coordinador en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), consideró que la narrativa oficial no solo revictimizar a Sandra y a su familia, sino que también ofende a la sociedad en su conjunto.
Condenó que el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla afirme públicamente y sin pruebas que el asesinato fue un “daño colateral”, descartando cualquier otra hipótesis, especialmente la relacionada con su trabajo como defensora de mujeres indígenas.
Finalmente, Torres Carmona cuestionó la supuesta autonomía de la Fiscalía del Estado, señalando que más bien parece estar al servicio de encubrir a funcionarios del actual gobierno.
“La ‘autonomía’ de la institución no ha servido para impartir justicia, sino para proteger a los aliados políticos del gobernador Salomón Jara, cerrando la puerta a investigaciones que involucren a su círculo cercano”, concluyó. Las organizaciones defensoras exigen que se retomen todas las líneas de investigación y que se garantice justicia para Sandra Domínguez y su familia.

