Tras desaparición y asesinato de Sandra Domínguez, madre buscadora exige mayor coordinación de gobiernos de Oaxaca y Veracruz

Tras desaparición y asesinato de Sandra Domínguez, madre buscadora exige mayor coordinación de gobiernos de Oaxaca y Veracruz

La activista oaxaqueña Sandra Estefania Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández fueron encontrados sin vida en el municipio de Santiago Sochiapan, al sur del estado de Veracruz. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 8 de octubre de 2024 en Oaxaca.

Tras el hallazgo, Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y acompañante de madres buscadoras, expresó su preocupación por la falta de coordinación entre las autoridades de las entidades colindantes, como Veracruz y Oaxaca, ante casos de desapariciones y hallazgos de cuerpos.

Palacios recordó que antes de localizar los cuerpos, ya se había encontrado el vehículo en el que viajaba la pareja, también en territorio veracruzano, lo que evidencia que esta zona limítrofe ha sido escenario constante de desapariciones, descubrimientos de fosas clandestinas y presencia de grupos criminales.

Señaló que entre 2019 y 2020 comenzaron a documentarse de forma más sistemática las inhumaciones clandestinas en esta región, lo cual confirma la operación de organizaciones delictivas que podrían estar activas en ambos estados.

Aunque hasta ahora no se ha revelado públicamente una línea clara de investigación, Palacios subrayó que no se puede ignorar el hecho de que Sandra Estefania era abogada y defensora de derechos humanos, lo que podría haber influido en su desaparición y posterior asesinato.

La activista enfatizó que este caso demuestra la urgencia de contar con mecanismos eficaces de gestión de información, especialmente en lo relacionado con la identificación humana, uno de los pendientes más importantes del Estado mexicano.

También destacó la necesidad de mapear zonas de riesgo y puntos donde previamente se han localizado restos humanos, con el fin de anticipar y planificar futuras búsquedas con base en la información ya conocida por las autoridades.

Palacios lamentó que en 2020 se restringieron varias acciones de búsqueda en las que participaban familiares de personas desaparecidas, debido a la inseguridad en la región y a la intervención de grupos delictivos. Esto, dijo, afectó el trabajo de campo en zonas críticas.

Insistió en que cualquier intervención debe realizarse bajo principios de seguridad y derechos humanos, incorporando análisis de riesgo y permitiendo la participación directa de las familias acreditadas, quienes han sostenido gran parte del trabajo de búsqueda.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno de Veracruz para que fortalezca la colaboración con las entidades vecinas y atienda las propuestas y líneas de búsqueda que las familias han construido con base en su experiencia. Dijo que solo mediante una coordinación real se podrá avanzar hacia la justicia y la dignidad que merecen las víctimas y sus seres queridos.

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