Alcalde presiona por el dinero de las multas del alcoholímetro; Jara cede y Romero anuncia la reactivación del programa en Santa Lucía
La Fiscalía de Oaxaca no ha iniciado procesos para fincar responsabilidades a los funcionarios municipales involucrados en el caso del asesinato del estudiante universitario Diego Ignacio Paz. Entre ellos se encuentra el alcalde de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, quien no llamado por la Fiscalía por su posible corresponsabilidad en los hechos, como responsable de la corporación municipal. A pesar de esto, el gobierno de Salomón Jara ha autorizado a las autoridades municipales para reactivar los operativos de alcoholímetro en Santa Lucía del Camino, así como en Oaxaca de Juárez, Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas.
De acuerdo con fuentes municipales, los alcaldes de estas demarcaciones argumentaron ante el gobernador que necesitan los recursos generados por las multas del alcoholímetro. Esta situación pone en evidencia que la reactivación del programa responde a intereses recaudatorios, en lugar de estar enfocada en la seguridad vial y la protección de conductores y peatones.
Además, el Gobierno del Estado no ha brindado capacitación adecuada a las policías municipales para que realicen estos operativos con base en estándares internacionales y en estricto respeto a los derechos humanos de los conductores. La falta de formación y protocolos claros ha sido motivo de quejas y desconfianza por parte de la ciudadanía.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó esta tarde en conferencia de prensa que el programa de alcoholímetro se reactivará en la ciudad de Oaxaca y en los municipios conurbados, incluido Santa Lucía, el municipio, con más quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Explicó que dichos operativos habían sido suspendidos tras la muerte del joven universitario en Santa Lucía del Camino.
Romero López señaló que, a partir de la suspensión, fue la Policía Vial Estatal la que asumió la realización de los operativos en distintos puntos de la ciudad y los municipios aledaños. No obstante, reconoció que se han registrado episodios de violencia y agresiones en contra de los agentes que los llevan a cabo.
Ante este panorama, se determinó que los operativos sean retomados bajo un esquema de trabajo conjunto entre la Policía Vial Estatal y la Policía Municipal. El objetivo es mejorar la ejecución de las revisiones y garantizar que se sigan los protocolos adecuados.
Para justificar la medida, el funcionario destacó que, como parte de este nuevo proceso, se contará con la presencia de personal de Derechos Humanos para vigilar el cumplimiento de los protocolos.
Asimismo, aseguró que no se procederá con la detención de los automovilistas infractores; en su lugar, se pedirá a un familiar que acuda por la persona y su vehículo, tras el pago de una multa. También indicó que habrá una mejor coordinación entre instancias para garantizar la aplicación correcta de los operativos en todos los puntos establecidos.
