Fiscalía de Oaxaca separa a contralor interno, Jorge Cruz Caballero; era funcionario y, a la vez, burócrata en el Poder Ejecutivo
Tras el despido masivo de mil 344 trabajadores de base del Gobierno de Oaxaca, la Fiscalía del Estado (FGE) anunció la separación del cargo de su Contralor Interno, Jorge Cruz Caballero. La medida responde a un proceso de revisión administrativa para evaluar su situación laboral, tanto como empleado de base del gobierno estatal como de la Fiscalía, informó el organismo autónomo.
El funcionario era contralor interno en la Fiscalía y, además, tenía plaza de burócrata en el gobierno estatal.
En un comunicado, la FGE explicó que la decisión de separar al funcionario busca garantizar la transparencia en el proceso de revisión y mantener la congruencia con los principios éticos que promueve la institución. La separación de este servidor público es una medida para asegurar que la revisión administrativa se realice con total apego a la normativa legal vigente, señaló.
El despido de los trabajadores de base fue ordenado por el gobierno que encabeza Salomón Jara, en una aparente estrategia para eliminar “aviadores” de la nómina estatal. Entre los mil 344 despedidos se encuentran políticos vinculados a la Cuarta Transformación y de otros partidos, como el PT, quienes cobraban salarios sin desempeñar funciones reales.
El pasado 12 de diciembre, el Congreso local, dominado por Morena, aprobó un decreto que suprimió, con efecto inmediato, las mil 344 plazas de base. Este acuerdo fue respaldado por un informe que reveló que, entre 2013 y 2022, la plantilla de trabajadores de base creció un 48 %, lo que representó alrededor de 4 mil nuevos nombramientos otorgados sin cumplir los procedimientos legales.
Sin embargo, mientras se elimina personal de base, el gobierno de Salomón Jara ha enfrentado críticas por el incremento en el gasto destinado a personal de confianza. En sus dos años de administración, este rubro ha aumentado en 2 mil millones de pesos en comparación con el último año del mandato de Alejandro Murat, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
En tanto, un matrimonio de Oaxaca de Juárez, identificado como Juan Carlos Matadamas Gómez y Maribel Pacheco Méndez, fue denunciado por presuntamente vender plazas en el gobierno estatal, cobrando hasta 600 mil pesos por cada una.
Las autoridades han señalado que estas prácticas son ilegales y constituyen un delito penal, por lo que han iniciado investigaciones al respecto.
Las autoridades hicieron un llamado a las personas afectadas para que denuncien estos actos, con el fin de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
