Diputada Margarita García denuncia presunta red de corrupción y extorsión en el gobierno de Salomón Jara
La diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, realizó este miércoles una contundente denuncia por un presunto entramado de corrupción que opera en Oaxaca, señalando directamente a colaboradores cercanos e incubierto peor l gobernador Salomón Jara. Según la legisladora, esta red se encuentra incrustada en el gobierno estatal, manejando recursos y obras públicas en beneficio de un círculo reducido de personas.
De acuerdo con García, lo que define como una “mafia” actúa desde las estructuras del poder para controlar la asignación y ejecución de proyectos públicos. Este mecanismo, sostiene, está diseñado para beneficiar a ciertos actores ligados al gobierno, dejando de lado principios básicos de transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los principales señalados por la diputada es Jorge Gandarillas, esposo de la titular de la Auditoría Superior de Oaxaca. Según las acusaciones, Gandarillas utiliza su despacho jurídico para convocar a presidentes municipales bajo el pretexto de capacitarlos en la comprobación de gastos públicos. Sin embargo, estas reuniones tienen un trasfondo cuestionable.
Durante dichas capacitaciones, asegura García, se obliga a los presidentes municipales a trabajar con asesores y constructores previamente designados. Esto limita la autonomía municipal, pues los ediles no tienen la libertad de decidir cómo gestionar sus recursos ni a quién contratar para obras y proyectos en sus comunidades.
La legisladora subrayó que este esquema de corrupción, que es bien conocido por el gobernador, afecta gravemente a los municipios, que se ven forzados a cumplir con las imposiciones de esta red. Además, denunció que los principales beneficiados son familiares y cónyuges de funcionarios del actual gobierno, consolidando un sistema de control interno que dificulta cualquier intento de fiscalización independiente.
Margarita García también criticó al gobernador Jara por evadir responsabilidades, señalando que no basta con culpar a administraciones anteriores. “Pareciera que seguimos como pericos diciendo del pasado, pero ahora en el presente… E¡en Oaxaca hay una mafia más grande que se ha apoderado del estado”, declaró.
La a diputada petista hizo un llamado a las autoridades federales, especialmente a la Auditoria Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investiguen estas denuncias y tomen medidas inmediatas. Reiteró la importancia de erradicar prácticas que perpetúan la corrupción y de garantizar que los recursos públicos lleguen de manera justa a las comunidades oaxaqueñas.
LA CORRUPCIÓN PRIMAVERAL
Este lunes, presidentes municipales salientes y electos de las regiones de los Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur y Costa de Oaxaca realizaron una denuncia pública en la que señalan a funcionarios de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) por actos de extorsión y presunto lavado de dinero. En el centro de estas acusaciones difundidas en cuentas de Whatsapp y Facebook está Sarahí Noriega Hernández, quien, junto con Micaela Guzmán Jiménez y Martín Gamboa Guzmán, son señalados de estar exigiendo pagos millonarios a cambio de “asesorías” para solventar observaciones de Auditoría.
En una carta dirigida a diversas autoridades, entre ellas la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, los ediles denunciaron ser víctimas de coacción por parte de estos funcionarios. Señalan que los recursos que deberían destinarse a obras municipales se han redirigido hacia estos pagos ilícitos, lo que compromete gravemente la capacidad operativa de sus administraciones.
La denuncia también menciona a Jorge Gandarillas, esposo de Sarahí Noriega Hernández, quien supuestamente actúa como enlace para facilitar las transacciones entre los alcaldes y los acusados. Según la carta, el esquema de extorsión incluye servicios de asesoría que garantizan la aprobación de gastos y auditorías municipales, a cambio de grandes sumas de dinero, en lo que calificaron como un acto de corrupción y lavado de dinero.
Los denunciantes señalaron su preocupación por la falta de atención a este caso por parte de las autoridades estatales. A pesar de haber llevado la denuncia ante el Congreso local y a la Secretaría de Gobierno, aseguran que no han recibido respuesta alguna. Por ello, han solicitado la intervención directa de la presidenta Sheinbaum y de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.
En el marco de esta denuncia, los presidentes municipales destacaron su compromiso con los principios de Morena, en particular con el decálogo que prohíbe la corrupción, el nepotismo y el influyentismo. Consideran que estas prácticas van en contra de los valores fundamentales del partido y del gobierno de la Cuarta Transformación.
Los alcaldes indicaron que poseen documentos y pruebas que respaldan sus acusaciones. En la carta, solicitan una reunión urgente con el gobernador Jara Cruz para exponer de manera directa los hechos y presentar las evidencias que aseguran tener contra los acusados.
Asimismo, expresaron su temor hacia las personas involucradas en el esquema de extorsión, debido a las supuestas influencias y conexiones de estas con altos funcionarios. En particular, mencionaron que algunos de sus colegas ya habrían aceptado trabajar bajo estas condiciones.
La misiva denuncia que el esquema involucra también a familiares de los acusados, lo que lo convierte en un ejemplo de nepotismo. Micaela Guzmán Jiménez, madre de Martín Gamboa Guzmán, sería una de las personas clave. Este vínculo familiar, señalaron, refuerza el control y la impunidad con la que actúan.
Finalmente, los denunciantes reafirmaron su apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación y exigieron acciones inmediatas para investigar y sancionar a los responsables. Resaltaron que las prácticas corruptas descritas no solo afectan a los municipios, sino que traicionan los principios de justicia y honestidad por los que luchan en su partido y en el gobierno.
La denuncia concluye con un llamado a la presidenta Sheinbaum para tomar cartas en el asunto y garantizar que el combate a la corrupción sea efectivo y que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio de la ciudadanía oaxaqueña.
