En 2023, en Oaxaca se judicializaron sólo 7 de 107 carpetas de investigación por tortura; el resto, impune
El Observatorio contra la Tortura presentó su informe sobre sus hallazgos en 2023, destacando que el año pasado se iniciaron en Oaxaca 107 carpetas de investigación por el delito de tortura, de las que de las 160 víctimas registradas, 135 son hombres y 25 son mujeres. De ese total, se abrieron siete carpetas por tratos crueles e inhumanos, en las que se contabilizan cuatro hombres y tres mujeres como víctimas.
A pesar de las denuncias, el avance judicial es limitado. Según el informe, sólo siete casos fueron judicializados, mientras que en 43 carpetas la Fiscalía de Oaxaca decidió no ejercer acción penal. Otros 23 casos quedaron archivados, uno fue reservado y 22 fueron reclasificados. Este panorama evidencia las dificultades para garantizar justicia a las víctimas de tortura en el estado.
A nivel nacional, el Observatorio señaló que el 44.4% de las carpetas abiertas por tortura señalan como responsables a funcionarios de las fiscalías estatales, mientras que el 27.9% implican a policías estatales y el 27.3% a policías municipales. En menor proporción, el 0.3% apunta a funcionarios del sistema penitenciario. Este patrón de responsabilidad refleja la participación de autoridades en prácticas de tortura y tratos inhumanos.
Entre 2014 y 2024, se registraron en Oaxaca 697 expedientes relacionados con tortura, según el monitoreo ciudadano sobre la implementación de la Ley General contra Tortura. Sin embargo, no se ha emitido ninguna sentencia en estos casos, lo que subraya la falta de efectividad del sistema judicial en combatir este delito. Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca reportó que no se han realizado peritajes médicos y psicológicos a las víctimas, una acción clave para documentar los daños sufridos.
En cuanto a la atención y reparación del daño, sólo 32 víctimas directas e indirectas están registradas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene clasificadas únicamente 18 quejas por tortura presentadas por personas de Oaxaca, lo que muestra una limitada respuesta institucional ante estos abusos.
A pesar de estos desafíos, el informe destaca que Oaxaca es el tercer estado mejor evaluado en el país en cuanto a la producción y acceso a la información pública relacionada con investigaciones de tortura, obteniendo una calificación de 19.6. Este logro, aunque positivo, contrasta con la falta de justicia y atención integral a las víctimas, reflejando una brecha entre transparencia y acciones concretas para erradicar la tortura.
