Comunidad triqui de El Rastrojo exige justicia para las hermanas Adriana y Virginia, asesinadas a tiros en Oaxaca capital
En la comunidad del Rastrojo, ubicada en Copala, en el municipio de Juxtlahuaca en la Mixteca alta de Oaxaca, hombres y mujeres indígenas triquis se reunieron para exigir justicia por el asesinato de Adriana y Virginia Ortiz García, dos mujeres artesanas y activistas afiliadas al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT). Ambas fueron asesinadas recientemente en la ciudad de Oaxaca, un hecho que ha conmocionado a sus comunidades de origen y activado el llamado a las autoridades para que respondan con acciones contundentes.
Las hermanas Adriana y Virginia, de 36 y 48 años, respectivamente, eran conocidas en su comunidad y en la capital del estado no solo por su labor en la venta de artesanías en el centro histórico, sino también por su vínculo familiar con destacados defensores de los derechos humanos. Eran hermanas de Emelia Ortiz García, activista reconocida, y de Eleazar Ortiz, uno de los dirigentes del MULT. Este lazo con figuras del activismo triqui hace aún más dolorosa su pérdida y más urgente la demanda de justicia de su comunidad.
El asesinato de las dos mujeres ocurrió cuando regresaban a su domicilio, donde fueron sorprendidas y atacadas a tiros. Tras este trágico hecho, sus cuerpos fueron trasladados desde la capital oaxaqueña hasta Juxtlahuaca con el apoyo de las autoridades estatales, y enterrados en el panteón de El Rastrojo, en una ceremonia donde su comunidad se reunió para despedirlas. La misa de cuerpo presente fue un acto solemne que reflejó el dolor y la indignación de sus seres queridos y de la comunidad triqui.
Ante este suceso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento, identificado como DGDDH/035/2024, en el que condena de manera enérgica el asesinato de Adriana y Virginia Ortiz. La CNDH ha solicitado a las autoridades de Oaxaca que esclarezcan este crimen y también que se enfoquen en construir condiciones de paz en la región, recordando que esta zona ha sido afectada históricamente por conflictos y violencia.
En su pronunciamiento, la CNDH también reconoció que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya ha iniciado una investigación con perspectiva de género y de interculturalidad. Este enfoque busca asegurar que la indagación no solo avance en la identificación de los responsables, sino que también respete la identidad cultural de las víctimas y tenga en cuenta el contexto de violencia estructural que afecta a los pueblos indígenas de la región.
La Comisión destacó que es fundamental que se tome en cuenta el contexto sociocultural en el que se dio el crimen para cumplir con el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y a la justicia. La CNDH hizo énfasis en la importancia de analizar factores estructurales de pobreza y discriminación que contribuyen a la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en Oaxaca, particularmente de la comunidad triqui.
El pronunciamiento también subraya la urgencia de esclarecer el caso y avanzar en la justicia para estas mujeres, en un contexto de impunidad que afecta gravemente a las comunidades indígenas. La CNDH enfatizó que esta falta de justicia lacera a las comunidades en situación de atención prioritaria, como lo es la comunidad triqui, que enfrenta múltiples barreras para el goce de sus derechos humanos.
Finalmente, el documento de la CNDH hace referencia a su compromiso de acompañamiento con la comunidad triqui, labor que ha realizado a través de la Cuarta Visitaduría y mediante el seguimiento a recomendaciones previas, como la 36/2022. La CNDH expresó su disposición de mantenerse atenta al desarrollo de las investigaciones para asegurar que se haga justicia en este caso que afecta profundamente a las familias y a toda la comunidad triqui.
