Con aval del gobierno de México sustrajo maíz nativo de Totontepec, Mixes

Comercializa su ADN, y da solo el 1% de ganancias a la comunidad

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A cambio de los derechos para explotar comercialmente el maíz “Olotón”, que crece sin necesidad de fertilizantes, una empresa estadounidense se queda con el 99% de las ganancias y otorga sólo el 1% de los dividendos a las autoridades municipales de la comunidad oaxaqueña que autorizó su mercantilización.

En 2015, las autoridades comunales de Totontepec Villa de Morelos, comunidad de la Sierra Mixe de Oaxaca, establecieron un acuerdo con la empresa estadounidense Mars Incorporated, que le permitió a dicha trasnacional extraer de México una especie autóctona de maíz conocida como “Olotón”, con el objetivo de explotarla comercialmente.

Hoy, este tipo de maíz es presentado como el “santo grial” de la industria agroquímica mundial, ya que crece sin la necesidad de fertilizantes, pero el acuerdo establecido con esta comunidad indígena sólo le concede 1% de los beneficios comerciales generados, mientras que Mars Inc. (dueña de marcas como Snickers, Pedigree, Wiskas, Orbit, M&M y Milky Way) se reservó el restante 99% de las ganancias, publica este miércoles el portal Animal Político.

El contenido de este acuerdo, que durante los últimos nueve años ha sido ocultado tanto por las autoridades mexicanas como por la empresa Mars Inc., finalmente fue divulgado por una fuente anónima y analizado por un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, quienes sugieren que se trata de un convenio abusivo, con el que la trasnacional se apropió de recursos biológicos y de “conocimiento tradicional de la comunidad de Totontepec], pues esta riqueza agrícola y saberes ancestrales en realidad le pertenecen a todos los pueblos indígenas de Oaxaca y otras regiones del sur del país.

Este caso de biopiratería inicialmente fue dado a conocer en noviembre de 2018 por Animal Político, luego de que los atributos especiales identificados en el maíz Olotón fueron anunciados por la empresa Mars Inc. y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque presentándolos como resultado de un acuerdo justo, que supuestamente aseguraba la “distribución equitativa de los beneficios” con el “aislado pueblo de la Sierra Mixe” que proporcionó el material biológico, es decir, las semillas del maíz nativo.

No obstante, el acuerdo firmado por Mars Inc. (a través de su filial BioN2) y las autoridades comunales de Totonepec, del que Animal Político también recibió una copia de forma anónima a finales de 2023, revela que esa supuesta “distribución equitativa” consistió, en realidad, en pactar la entrega de sólo “1% de los ingresos netos anuales que el usuario [Mars Inc.] obtenga por la venta de cada uno de los productos” generados a partir del maíz Olotón.

Además, en el caso de los productos que no vengan directamente de este tipo de maíz, pero que hayan sido enriquecidos con sus “recursos genéticos o derivados”, el acuerdo establece que Totontepec no recibirá el 1% de las ganancias netas obtenidas por su venta, sino que se calculará qué proporción de esas utilidades es producida por los recursos genéticos extraídos del maíz Olotón, y de esa fracción de los beneficios se dará 1% a la comunidad indígena.

Según lo establecido en este convenio, Mars Inc. no sólo obtuvo permiso para recolectar muestras biológicas del maíz de la Sierra Mixe y extraerlas de México con fines comerciales, sino que también se le autorizó explotar el “conocimiento tradicional” asociado al cultivo de este maíz en Totontepec, lo mismo que los “conocimientos tradicionales de origen no identificable”, es decir, “prácticas que no son específicamente atribuibles o confinadas a la comunidad de Totontepec Villa de Morelos”, sino que fueron generados por todas las comunidades indígenas de la región, las cuales, sin embargo, no fueron contempladas en el reparto de utilidades.

Reportes oficiales obtenidos por el portal Animal Político desde 2018 confirman que este convenio entre Mars Inc. y la comunidad de Totontepec fue avalado por el gobierno federal mexicano, con el argumento de que supuestamente cumplía con el Protocolo de Nagoya, el instrumento internacional que garantiza el reparto justo de las ganancias comerciales, que derivan de conocimientos generados y conservados por los pueblos indígenas del mundo.

En este caso, no obstante, el Protocolo de Nagoya fue empleado para lograr lo contrario: un reparto inequitativo de dichos beneficios.