Pretende Salomón Jara Cruz gravar tierras comunales y ejidales
Para el ejercicio fiscal 2024, el gobernador Salomón Jara Cruz incluyó en la Ley de Ingresos estatal un punto con el que pretende gravar las tierras comunales y ejidales, sobre lo cual expertos en la materia denunciaron que es inconstitucional.
En el documento, se justifica que la medida es parte de una serie de actividades para posibilitar el crecimiento de los coeficientes que se utilizan para la distribución de participaciones fiscales, así como la obtención de ingresos clasificados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
En la Ley de Ingresos, que fue enviada al Congreso local como parte del paquete económico 2024 y aprobada en sesión extraordinaria el 6 de diciembre, se enumeran dichas acciones en el inciso B de la sección Política Fiscal y Principales Objetivos 2024, para fortalecer los ingresos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal.
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Se propone a esta Soberanía, refiere el documento, la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.
El territorio oaxaqueño se integra de 9 millones 375 mil 700 hectáreas, de las que 7 millones 408 mil 148 son propiedad social y únicamente un millón 967 mil 552, privada. Del área social, 5 millones 764 mil 310 hectáreas son tierras comunales y un millón 643 mil 838, son ejidales.
Para Juan Antonio López Cruz, coordinador del Área de Justicia de la organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, citada por el diario La Jornada, aseguró que la iniciativa es un grave error, puesto que la propuesta privatizadora infringe el artículo 27 de la Constitución federal.
A su vez, Francisco López Bárcenas, especialista en temas agrarios e investigador del Colegio de San Luis, coincidió con López Cruz en la inconstitucionalidad de la propuesta, pues reiteró que las tierras ejidales y comunales tienen su régimen específico, que es distinto al de la propiedad privada, y ambos están en el artículo 27 constitucional y se regulan por la norma agraria, que es federal.
También el abogado Maurilio Santiago Reyes, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas consideró que esta ley de ingresos no sólo violenta el artículo 27 de la Constitución mexicana, sino también el artículo segundo, además del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El abogado activista, Eliot Escobar Gómez, sostuvo que la propuesta se trata de un “parche legislativo” y una “intentona de privatización” con la que se pretende beneficiar a la especulación inmobiliaria, principalmente en regiones de Oaxaca como la Costa y el Istmo de Tehuantepec.
Alertó que esta pretensión está lejos de dar certidumbre a las comunidades, a las personas en lo particular, e incluso a las propias empresas que pretendan invertir en tierras ejidales y comunales.
Además, el gobierno de Oaxaca y los diputados locales, dijo, pretenden en la vía del Derecho restar autonomía a los municipios sobre su recaudación de ingresos, y no resuelve de fondo la situación del catastro estatal.
Por su parte, el gobierno de Salomón Jara negó a través de sus redes sociales que pretenda privatizar las tierras comunales y ejidales con la creación del “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024.
En un comunicado, aseguró que este programa ya funcionaba desde el año 2018 y que continuará en esta administración, pero con otro nombre. También apuntó que el objetivo es “otorgar certeza jurídica y patrimonial a las personas poseedoras de predios”.
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