Regulará gobierno estatal operativos de alcoholimetría de municipios; multas superan los 40 mil pesos.
Tras la queja de abogados y ciudadanos, sobre la existencia de un “Cartel del despojo vehicular”, en el que están involucrados empleados de aseguradoras, elementos de la AEI, policías estatales y de vialidad, el gobierno de Oaxaca anunció que regulará los operativos de alcoholimetría, que se aplican en diversos municipios donde las multas en algunos casos superan los 40 mil pesos.
Este martes los Colegios y Barras de abogados, en conferencia de prensa, denunciaron los excesos cometidos por policías viales de varios municipios, pero esencialmente de Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas y Santa Lucía del Camino, quienes impunemente violentan derechos humanos, al aplicar operativos alcoholímetro fuera del marco de la ley, y que rebasan las normas establecidas a nivel nacional e internacional.
Hubo quejas que en los puestos de revisión se cometen agresiones, golpes y hasta torturas en los llamados “toritos”, además de cobros excesivos por multas, poniendo como ejemplo casos de la ciudad de Oaxaca, y de los municipio de Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas, donde las multas oscilan entre los 8 mil, 10 mil y hasta 40 mil pesos, algo fuera de la ley.
Los abogados expusieron varias recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), donde los agraviados denunciaron que fueron vulnerados sus derechos a la libertad, a la seguridad y la legalidad.
Estas quejas se traducen en detenciones arbitrarias, abusos en los puestos de control de alcoholemia, revisiones sin justificación, agresiones físicas por parte de elementos de seguridad municipal, excesos en el cobro de multas y negativa al derecho de petición.
En respuesta a estas denuncias hechas públicas ayer frente al Palacio de Gobierno, el director de la Policía Vial Estatal, Toribio López, anunció que buscará con el respaldo de la Cámara de Diputados emitir una regulación para evitar los excesos en los operativos de alcoholemia.
Dijo que todos los municipios deben regir sus operativos y multas con base a una norma única, emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes y la Ley Estatal de Tránsito y su reglamento, sin agraviar ningún derecho ciudadano.
En los casos en que se deba asegurar el vehículo, no se tiene porque realizar la detención del infractor, quien, eso sí, deberá pagar su multa con trabajo comunitario, no con el pago de multas en las tesorerías municipales.
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