Solicitan disculpa pública hacia los hermanos Conzatti víctimas del «Cartel del Despojo» ▶
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 02/2023 al gobierno de Oaxaca, para que ofrezca una disculpa pública a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, luego de que exfuncionarios del gobierno de Alejandro Murat actuaron como “delincuencia organizada” para robarles identidad y despojarlos de sus propiedades.
La defensoría precisó que, una vez que se examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/0835/(01)/OAX/2021, iniciado con motivo de la queja presentada por los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, así como por la señora Martínez Ramírez, y después de una investigación exhaustiva, se acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, a la propiedad y a la buena administración.
La recomendación va dirigida a la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, a la que le corresponde conocer de la actuación de la Dirección General del Registro Civil de Oaxaca y de la Dirección General del Instituto de la Función Registral para el Estado de Oaxaca.
Y también a la Secretaría de Finanzas, encargada de coordinar la función de la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
El 25 de mayo del 2021, los hermanos Conzatti presentaron su queja porque en septiembre del 2020 realizaron una consulta en la página web de la dirección del Registro Civil y notaron que sus registros de nacimiento habían desaparecido, y en su lugar se encontraban tres registros a nombre de personas distintas.
Además, al revisar la información de sus propiedades, se percataron que el Instituto de la Función Registral ocultó los registros.
Y al realizar una consulta en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, advirtieron que los registros catastrales correspondientes a los inmuebles de su propiedad, ubicados en el centro de esta ciudad, mostraban un movimiento descrito como compraventa, la cual supuestamente se realizó en el año 2021.
En su recomendación, la Defensoría pide investigar la probable responsabilidad en que hubieren incurrido servidores públicos involucrados en los hechos materia de la recomendación, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.
