Crece la pobreza alimentaria: seis de 10 oaxaqueños sin acceso a la canasta básica: Coneval ▶
En el primer trimestre de 2023, el 57 por ciento de la población oaxaqueña tuvo un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica, lo que representó que seis de cada 10 oaxaqueños no tuvieron ingresos suficientes para comprar los productos que conforman la canasta alimentaria.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Polìtica de Desarrollo Social (Coneval, estos datos posicionan a Oaxaca como el tercer estado con mayor porcentaje de pobreza laboral, y es superado únicamente por Guerrero, con un 59.8 por ciento, y Chiapas, con un alarmante 67.2 por ciento.
Lo anterior, muestra que en Oaxaca existe una brecha preocupante, entre las familias que tienen acceso a una alimentación digna y las que tienen que comer sólo lo necesario, para sobrevivir.
En el primer trimestre del 2023, Oaxaca registró una variación negativa del -4.3% en la población en pobreza laboral, agravando aún más la situación económica de la población.
Esta realidad ha impulsado un fenómeno de migración, tanto de hombres como de mujeres, del campo y de la ciudad, principalmente hacia Estados Unidos y los campos agrícolas del norte del país, en busca de mejores oportunidades. Esta problemática no se limita únicamente a las zonas rurales e indígenas, sino que también afecta a las ciudades.
En la ciudad de Oaxaca de Juárez, el 37.7% de la población se encuentra en una situación de ingreso laboral insuficiente para cubrir la canasta alimentaria en el área metropolitana, lo que refleja la urgencia de implementar políticas y programas que promuevan la generación de empleos dignos y bien remunerados en el estado.
Por lo pronto, dice el Coneval, es necesario fortalecer los programas de apoyo a la economía familiar, así como impulsar la educación y capacitación para incrementar las oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de la población.
La pobreza laboral en Oaxaca es una realidad que demanda acciones concretas y coordinadas por parte de las autoridades, la sociedad civil y el sector privado, señala el organismo federal.
