CONTRAFUEGO … «Control político, no voto directo» por Aurelio Ramos Méndez

CONTRAFUEGO … «Control político, no voto directo» por Aurelio Ramos Méndez

La eventual elección de los ministros de la Corte mediante el voto popular directo en modo alguno evitaría la corrupción de estos letrados, cuyo desempeño, en todo caso, requiere de fortalecer y aplicar en serio los mecanismos de control político que lo rigen.

Es decir, lo que se necesita es afinar y trascender la condición de letra muerta de los recursos de vigilancia y depuración, tanto propios del Poder Judicial como los que atañen al Legislativo y el Ejecutivo, entre otros el juicio político.

De otro modo, la legitimidad gubernamental ganada en las urnas pero extraviada en la praxis, surtiría un efecto precario en el esfuerzo por impedir la parcialidad y venalidad, los abusos, sesgos y prejuicios, y en últimas la injusticia y corrupción de la elite dorada que conforman esos jurisconsultos.

El presidente López Obrador planteó la conveniencia de impulsar una reforma constitucional orientada a establecer la elección de los ministros, convencido –con toda razón– de que la Corte “está podrida” y dedicada a obstruir los cambios en la concepción del Estado avalados por la mayoría de los mexicanos.

La reacción del mandatario detonó una grave crisis institucional gestada por cuenta del Poder Judicial, ya enteramente desvirtuado y devenido ariete de la oposición para golpear a los dos otros poderes públicos.

Esta rama ha cambiado entre poco y nada con respecto a cómo estaba a finales del siglo XIX, ¡hace más de 120 años!: carcomida hasta el tuétano por la corrupción.

Tal estado de putrefacción indujo en 1900 a los hermanos Flores Magón, insignes oaxaqueños, fundar el periódico Regeneración, especializado en temas judiciales, orientado a combatir la densa deshonestidad en que chapaleaban ministros, magistrados y jueces. 

La Corte, ahora, está abiertamente dedicada a impedir los cambios constitucionales y legales que impulsa un gobierno llegado con la mayor legitimidad de las últimas décadas: ¡53 por ciento de la votación, más de 30 millones de sufragios!

Con semejante respaldo popular el gobierno de la 4T tiene el derecho democrático de proponer las reformas tendientes a concretar el cambio respaldado por los votos de los ciudadanos.

La crisis estalló porque los ministros se les metieron al rancho a los senadores.

Enganchado en la estrategia politiquera de la alianza Va por México, tumbaron la primera parte del plan B de la reforma política.

O sea, la porción inicial del plan de cambios solamente legales, presentado por el Ejecutivo de manera abierta, sin sorprender ni engañar a nadie, como diciendo “de lo perdido, lo que aparezca”, luego del rechazo a su iniciativa de reforma constitucional.

Para consumar el torpedeo a la voluntad ciudadana nueve ministros actuaron en forma deliberadamente mentirosa y parcial.

Los complotados fueron Alberto Pérez Dayán, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Javier Láynez y Arturo Saldívar.

Adujeron violaciones al trámite legislativo, ninguna de las cuales se sostiene a la luz de la legislación vigente.

Desdeñaron conceptos perfectamente legales y reglamentarios como la dispensa de trámite y la “urgente y obvia resolución”, y se pasaron por la faja las facultades del pleno senatorial y la condición de ese pleno de máximo órgano de decisión, reunido con todas las de la ley, empezando por la observancia de las reglas de quórum.

El choque entre poderes apunta ahora –no puede ser de otro modo– a la instauración de juicio político en contra del grupo de los nueve, que hizo trizas la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos camerales.

Con la mayoría de los medios de información a su servicio, la oposición habla de venganza, amenazas e intentos de “ahorcar” a la Corte.

Tanteando los terrenos de la comicidad, un periodista diagnosticó que Amlo “está enojado, sumamente irascible y lleno de un odio galopante”.

Afianzó su aserto con un manojo de metáforas explosivas, tales como que el tabasqueño “saco su Barret para disparar acusaciones”, “disparó fuego retórico y amenazas contra la Corte”, “repartió topes…”.

Nada de eso. Al margen de sus incongruencias y veleidades políticas, y de las aspiraciones electorales que puedan motivarlo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tiene razón.

El Congreso sí cuenta con facultades de control político sobre el Poder Judicial y también atribuciones para instaurar juicio político en contra de los ministros.

Lo dice el artículo 110 de la Constitución, que incluye, entre muchos, a los senadores y diputados, ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, fiscal general de la República, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como el presidente, el secretario ejecutivo y los consejeros del INE… 

¿Las causales? Haber incurrido en ataques a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, representativo y popular, la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones, o cualquier infracción a la Constitución o las leyes federales que cause perjuicios graves a la Federación o los estados, o motive trastorno en el funcionamiento de las instituciones.

Tipificación, cualquiera de éstas, que calza al dedillo en la conducta de la tremenda Corte.

BRASAS

Se voló la barda al insultar a todos los mexicanos el ignorante, engreído y estúpido senador republicano John Neely Kennedy; mas no tiene la culpa el gringo zopenco sino quienes lo azuzan como a un pitbull rabioso.

Entre quienes lo incitan al ataque sobresalen no tanto sus adversarios electorales y menos aún sus representados, sino mexicanos desnacionalizados que imploran el intervencionismo del gobierno y politicastros estadunidenses en asuntos internos de nuestro país.

De tal necedad han sido las súplicas de nuestros modernos polkos, que las injurias a México se han normalizado allende el Bravo, hasta el punto de que no ladra el que no quiere.

Prueba de tales suplicas es la delirante lectura que del fenómeno migratorio hacen por estos días en los medios sedicentes expertos en la relación bilateral.

Con patrañudo simplismo y miopía ante la perniciosa influencia norteamericana en nuestro continente, uno de estos apátridas sostiene que la crisis en el flujo de trabajadores indocumentados se debe, sin más, al fracaso de los gobiernos de izquierda en los “Estados fallidos” de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.

Países a los cuales –sostiene el proyanqui—“el experimento socialista dictatorial los ha deshecho”, y cuya gente “sale a buscar dónde trabajar para comer tres veces al día”.

Falsamente ignorante del carácter histórico del fenómeno migratorio, producto entre muchas causas de la asimetría económica entre la primera potencia mundial y el resto de la región, finge condolerse de que “cientos de miles, millones de seres humanos, huyen de la crisis humanitaria provocada por el socialismo dictatorial” de aquellos gobernantes.

Y exculpa por entero de tal fracaso a los Estados Unidos, como si no fuese esta potencia la principal causante de la pobreza regional y el estado de cosas imperante.

Como si los anales de la historia no fuesen un muestrario de abusos gringos sin fin: 

Invasiones territoriales, golpes de Estado, expoliación, ventajismo comercial, bloqueos económicos, saqueo de recursos naturales, certificaciones en todos los campos, financiamiento a opositores políticos y las más diversas e incesantes formas de acoso, presiones e intromisión.

El entreguismo de estos vendepatrias explica el atrevimiento de mentecatos oportunistas y lengüilargos como John Neely Kennedy, quienes, por fortuna y a despecho del impacto en México de sus desafueros, son apenas políticos del montón.

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De manera ruidosa la derecha más rancia celebra su triunfo en las elecciones de hace una semana, en Chile. Y presume, de modo equivocado, el fin de la marea de gobiernos de izquierda en América Latina, desde luego México incluido.

Una marea que, en rigor, nunca les ha parecido tal a los sectores más conservadores.

Sostienen que la izquierda no es la fuerza dominante, por más que llegó a gobernar las naciones demográficamente más importantes: Brasil, México, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela…

Suponen que hablar de ascenso o de una “ola” izquierdista es simplificación excesiva y nada convincente, pues se trata de líderes de diversas ideologías que llegaron al poder por un margen mínimo de votos, emitidos más bien como castigo a administraciones precedentes.

Se engañan y pretenden engañar a los diversos electorados nacionales los ideólogos del conservadurismo.

Aun tendrá que pasar mucha agua bajo el puente antes de confirmar que el péndulo político ha empezado a retroceder en la región latinoamericana.

En Chile ganó el pinochetismo la atribución de confeccionar una nueva Constitución, debido a que –¡vaya paradoja!— en ese país gobernado dizque por un socialismo moderno y europeo la izquierda radical fracasó en el intentó de consumar una voltereta constitucional completa, y acabó por espantar al electorado.

En Perú Pedro Castillo fue tumbado a la mala, tal como había ocurrido en Bolivia con Evo Morales y como se intenta hacer con Alberto Fernández en Argentina y Gustavo Petro en Colombia.

Para no hablar de las presiones, acosos y hostigamiento de décadas a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua…

El triunfo en Chile ha envalentonado tan furiosa como abstrusamente a la derecha mexicana.

Ni de lejos López Obrador pasará a la historia en las condiciones que él pretende, como el mejor mandatario después de Juárez, Madero o Lázaro Cárdenas…

Pero tiene de modo indiscutible sitial ganado en comparación con De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto.

Por ello, ni con la mayor inquina y la peor voluntad puede avizorarse un escenario de derrota para la 4T en 2024.

Con las mañaneras y otras tretas el de Macuspana ha conseguido mantener alerta y movilizado a su electorado.

La macroeconomía va bien. El ejército no sólo le guarda lealtad sino gratitud y respeto a su Jefe Máximo, y en general, hay buenas cuentas en la mayoría de los indicadores y el corte de caja es aceptable.

No se ve, pues, por esto lares el péndulo deslizándose de regreso, ni motivo alguno para el regocijo de nuestra derecha vernácula.

RESCOLDOS

Superabundancia de prospectos a la Presidencia tiene la alianza Va por México. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD ya mencionaron a dieciséis. Y, se abre el refri y sale uno más, pues resta incorporar a los de la sociedad civil. Sólo que entre todos no hacen un caldo de candidato. La elección no será por el PAN sino… ¡mediante encuesta! Juzgue el improbable lector a los más rutilantes: Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Miguel Osorio Chong, Ricardo Anaya, Santiago Creel, Lilly Téllez, Francisco Cabeza de Vaca, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles…

El exdirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró que Morena mantiene una alianza con el narcotráfico. No aportó ni la menor prueba; pero, apodíctico, aseveró: “Lo doy por sentado”. Lanzó su desfachatada afirmación ante preguntas que, como balones centraditos en el área, le hizo el exgobernador panista Emilio González Márquez. Sí, aquel que en agosto de 2012 gestionó –y logró en sólo dos horas– la liberación del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien había sido capturado por la Marina. Y amigo también de Sergio Kurt Schmidt, El Pistolas, entre otros muchos temibles narcotraficantes…

Error de doble pechuga el que –al parecer—cometieron los ministros de la Corte. Tumbaron el plan B, pero nada aclararon sobre la reviviscencia; o sea, si resucitaron y está vigente la anterior legislación electoral o reina el vacío jurídico. Llamó la atención sobre este punto la presidenta de Observatel, Irene Levy. Recordó que esta misma leguleyada fue maquinada por la Corte respecto a los derechos de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones…

aurelio.contrafuego@gmail.com

 

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