CONTRAFUEGO … «Plan opositor, gobierno de facto» por Aurelio Ramos Méndez
Colérica por la aprobación de la reforma electoral, la oposición ya develó, sin el menor recato, su propósito de reventar la elección presidencial de 2024 con miras a intentar la instauración de un gobierno de facto y así impedir la continuidad de la 4T.
Este inadmisible desafío a la institucionalidad ha sido esbozado por estos días por estrategas y voceros oficiosos del antigobiernismo más furibundo.
¿Quiénes? El orador único de la marcha del 13 de noviembre “en defensa del INE”, José Woldenberg, y el director de Comunicación Social de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, José Carreño Carlón, por ejemplo.
Además, un grupo de exconsejeros electorales, entre estos algunos demócratas de novísimo cuño, firmantes de una carta dirigida a presidente del Senado, Alejandro Armenta, y al coordinador de Morena en esa cámara, Ricardo Monreal.
Y Ciro Murayama, quien advirtió que “las elecciones están en peligro”, así como algunos de los más influyentes líderes de opinión, que perifonean la estrategia.
En un artículo titulado Jornada Infame, Woldenberg se descoció con gruesos insultos a legisladores y el jefe del Ejecutivo, iracundo por la aprobación del denominado Plan B en la Cámara de Diputados.
Dijo que la luz verde se dio por “una mayoría mecánica” que “hizo de las suyas”.
Peor. Por “una coalición variopinta, plagada de oportunistas, cohesionados por la fidelidad a AMLO y las posibilidades políticas que les abre esa adhesión”.
Consideró a quienes votaron a favor de la iniciativa “un ejército de sumisos” y “una panda de diputados serviles que no son capaces de respetarse a sí mismos”.
Perdidas por entero las formas, rabioso, les recriminó el que no hubieran exigido tiempo para estudiar la iniciativa presidencial.
“Como si ser rastrero fuera un mérito” y “como si su labor fuera la de apoyar los caprichos presidenciales”, les dijo, fuera de sí, aludiendo a la aplicación del trámite cameral “de urgente y obvia resolución”.
¡Extraño señalamiento éste en alguien que, como máxima autoridad electoral que fue, jamás –en décadas– había formulado ni la más leve condena a las prácticas antidemocráticas y los chanchullos a tutiplén del Legislativo!
Así y todo, Woldenberg señaló que fueron modificadas las normas que han hecho posible la coexistencia y “la competencia pacífica” de nuestra diversidad. Y lanzó la siguiente amenaza:
La reforma constituye “una batería de cambios en el INE que lo desfiguran”, y que de no ser frenados por el Senado –como finalmente no lo fueron– “complicarían hasta extremos indeseables el cumplimiento de sus tareas”.
No se requiere perspicacia para entender lo que el expresidente del IFE deslizó más como deseo que como diagnóstico: el órgano electoral no podrá cumplir sus responsabilidades derivadas de la reforma.
Lo que significaría –y pondría a Woldenberg brincar en una pata– que el proceso electoral acabaría en el despeñadero, con todas las implicaciones que tal situación entrañaría.
Con menos perífrasis anticipó el caos electoral el exvocero de Salinas. Bajo el encabezado “2024: INE, inviable; elecciones, colapsadas: ¿régimen de facto?”, Carreño Carlón habló de “escenarios de pánico”.
Señaló que por efecto de la reforma en 2024 podríamos tener “un INE impedido de organizar las elecciones, que podrían colapsar”.
Y, en esta hipótesis, “podríamos no tener un presidente electo entre junio y agosto. Ni en septiembre un Congreso integrado para erigirse en Colegio Electoral y designar un presidente en ausencia del que debía surgir de las urnas, como lo establece la Constitución”.
Por esta línea de reflexión, según Carreño llegaríamos a un escenario en el cual “el vacío de poderes constituidos sería llenado por un régimen de facto, desconocido en México desde el siglo antepasado”.
Más claro no canta un gallo. El vocero salinista no hizo un análisis: deslizó una estrategia.
Y los exconsejeros electorales –algunos a quienes uno les sacaría la vuelta en la calle– manifestaron su “percepción” de que, “de aprobarse por el Senado en sus términos (como lo fue), no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables”.
Entre los suscriptores de la comunicación epistolar están Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés, Virgilio Andrade, Jaqueline Peschard, Rodrigo Morales, Mauricio Merino y Marco Antonio Baños.
Además, Teresa González Luna, María Marván, Pamela San Martín, Benito Nacif y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Parafraseando al airado Woldenberg, la mayoría de los firmantes conforman una genuina pandilla. Una panda de serviles muy respetuosos de sí mismos…
Un manojo de académicos e intelectuales sedicentes antipolíticos, compañeros de banca y palomilla desde la secundaria y la universidad, sumisos al cacicazgo del orador único de la marcha del 13, algunos matriculados en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.
A retazos y trompicones y no sin sorpresas ni escándalos, ya hay pues reforma electoral; votada por la mayoría, tramitada sin fallas de procedimiento, con plena legitimidad.
En el Senado la sorpresa no fue el voto en contra emitido por Ricardo Monreal, sino lo desconsoladoramente solo que está el coordinador de la bancada de Morena. Uno solo de sus copartidarios lo siguió en la aventura.
Y el escándalo corrió por cuenta de la panista Xóchitl Gálvez, enfundada con afanes de figuración en un patético disfraz de dinosaurio. De pena ajena.
Preocupa, no obstante, que la línea opositora ya está trazada, cualquiera que sea la resolución de la Corte respecto a la constitucionalidad de los cambios.
Apunta a desconocer e incumplir la normatividad, sabotear los comicios, descarrilar la renovación de la Presidencia, y acicatear la codicia de algún político logrero o –de preferencia—un militar descontento.
Juegan con fuego del modo más irresponsable los antagonistas de un gobierno con índices de favorabilidad cercanos al 70 por ciento.
BRASAS
Artículo 19, Observatel, Fundar y otras organizaciones de la etérea sociedad civil, suplantadoras de lo que en términos llanos se denomina pueblo, harían bien en dejar de usurpar la defensoría de los medios de comunicación.
Y abandonar cuanto antes la indecente exigencia de plasmar en la Ley General de Comunicación Social criterios dizque claros y precisos para el reparto justo del enorme pastel que representa el gasto en publicidad gubernamental.
Debería darles vergüenza a los dirigentes de esos membretes el propugnar equidad en la distribución del dinero público, cuando lo procedente es cerrar por completo la llave de estos recursos y ayudar así a la depuración y mejoramiento del periodismo.
El asunto fue puesto de nuevo en el foco mediático con la discusión del plan B del gobierno federal en materia electoral, que incluye ajusten en dicha norma, infamantemente conocida como Ley chayote.
En declaraciones y artículos de prensa el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, y la presidenta de Observatel, Irene Levy, han combatido con tenacidad rayana en la necedad los ajustes aludidos.
Junto con otros activistas sostienen que la ausencia de criterios legales propicia que el gobierno utilice el presupuesto de manera arbitraria, como instrumento para castigar o premiar líneas editoriales.
Ni duda cabe de que así ha sido y sigue siendo, pero no tiene la culpa el indio…
La solución no está en cómo garantizar una “justa” aplicación del presupuesto destinados a propaganda, sino en evitar que el gobierno tenga que pagar por la difusión de ésta.
Ya se dijo en este espacio. Prácticamente la totalidad de los medios convencionales –prensa, radio y televisión–, privados o concesionados, se abstienen de publicar la información gubernamental sin orden de inserción de por medio.
Tuercen la noción misma del oficio periodístico al negarle espacio a información socialmente útil.
Y soslayan, de manera absurda, los beneficios mercantiles, de ventas, tiraje y raiting que la inclusión de dicha información puede reportarles.
El gobierno, por alta que sea su legitimidad y muy democrático su origen, tiene así que pagar para difundir campañas de vacunación, asignación de becas, matrículas escolares, ejecución de obras públicas, ayuda humanitaria en casos de desastres, procesos electorales… Todo.
En estas circunstancias, el debate puede zanjarse con sólo suprimir del Presupuesto de Egresos la partida para publicidad. Y acabar con el periodismo prepago.
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El atentado contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva ha merecido la condena unánime del gremio periodístico y de las más altas instancias del gobierno federal, así como el firme compromiso de investigación y castigo por las autoridades. Qué bueno.
En modo alguno este ataque a uno de los más acervos y sistemáticos críticos del gobierno puede quedarse sin aclarar. A menos de que se pretenda darles municiones a los adversarios de la 4T.
De acuerdo con organizaciones gremiales, del 2000 a la fecha han ocurrido en nuestro país157 asesinatos de periodistas, 37 de ellos en lo que va de la presente administración.
Triste paradoja, si se repara en que en este gobierno y a despecho de lo que sostienen sus malquerientes, rige la más absoluta libertad de expresión. Libertad hasta para calumniar, insultar y amenazar al Jefe del Estado.
Claro ejemplo de uso irrestricto de la libertad de expresión lo da de manera cotidiana el periodista Raymundo Riva Palacio, que en febrero pronosticó asesinatos de periodistas y ahora se reafirma como gurú.
Como el hipocondriaco quejoso de todos los males que cuando en efecto lo aqueja algún padecimiento aduce: “se los dije…”, el columnista de El Financiero sostiene ahora que atinó en sus vaticinios. ¡Magazo!
De más está decir que no en todos los casos de agresiones a comunicadores han sido determinados los móviles, debido al escandaloso nivel de impunidad. Mas, con independencia de esta deficiencia, resulta razonable responsabilizar de estas muertes al Estado.
Es obligación de las distintas ramas del poder público investigar y castigar los delitos. Mientras esto no sea cabal realidad, las agresiones y las muertes –ni modo– tienen que ser atribuidas el gobierno.
La impunidad no es privativa del gremio de prensa. De cada 100 delitos que se cometen en México solo 6.4 se denuncian. Y de cada 100 que se denuncian, solo 14 se resuelven.
Estos guarismos indican que la probabilidad de que un delito en general –contra un periodista o un ciudadano raso– sea resuelto es de 0.9%. Una vergüenza y una amenaza para todos los mexicanos.
El lamentable y cobarde atentado contra Gómez Leyva debe de ser aclarado, sin soslayar que la justicia tiene que refulgir en todos –todos– los casos.
RESCOLDOS
“Patas, pa cuando…” Felipe Calderón ya consiguió permiso de residencia en España. Lo apadrinó el coyote José María Aznar y lo protegen sus patrones de Iberdrola y otras firmas de energía. Busca alejarse del brazo de la ley ante eventuales consecuencias del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Con él ya pueden Carlos Salinas y Peña Nieto formar allá una tripleta conspirativa…
Cacha todo el Grupo Plural del Senado. Ya invitó a formar parte de este combo al morenista Rafael Espino, el único que secundó a Monreal y votó en contra del Plan B electoral. La jugada es clara: aspira a formar un grupo parlamentario con todas las de la ley… y acceso al presupuesto…
Ya suman más de veinte los muertos en disturbios derivados de la aprehensión del presidente peruano Pedro Castillo. Por lo visto, el mandatario no estaba tan solo como pretendieron hacer creer los medios. Ni tan aislado, pues los presidentes de Colombia, Bolivia, Argentina y México mantienen firme el respaldo a su gobierno…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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