Marco jurídico, reto del próximo gobierno en ciberseguridad
Los más recientes ataques al sistema financiero mexicano dejan en evidencia la debilidad de la infraestructura de redes en un escenario de constantes ataques cibernéticos. El reto de la próxima administración en esta materia será enlazar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS), que se publicó en noviembre de 2017, con el marco jurídico para que haya obligatoriedad de cumplirla.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es la política pública del gobierno federal que tiene como objetivo el que México sea un país más preparado y resiliente ante ciberataques.
“La Estrategia Nacional de Ciberseguridad ya está. Ahora, está en papel y si la nueva administración quiere mejorarla, es posible hacerlo. Sería un gran error no utilizarla, porque es un trabajo que no hizo sólo la administración, es un esfuerzo de la industria, la academia, el gobierno y la sociedad civil”, dijo Javier Sánchez, CTO de la compañía de ciberseguridad MER México.
En agosto del 2017 se presentó el primer documento de trabajo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que había sido elaborado por la Presidencia de la República en colaboración con la OEA, como resultado de una serie de talleres y mesas de trabajo en las que sectores como la academia, la iniciativa privada, el sector público y la sociedad civil se sentaron a discutir sobre los principales temas vinculados a la ciberseguridad en México.
En esto coincide Laura Jiménez, directora general de la empresa inglesa de inteligencia artificial aplicada en ciberseguridad DarkTrace, para quien la estrategia presentada por el gobierno federal ha comenzado un buen camino en materia de ciberseguridad que hace falta difundir entre las empresas y la población.
Tres meses después fue presentado el documento formal que pretende dar vida a la ENCS, el 13 de noviembre del 2017. De acuerdo con Sánchez, quien fungió como director de Tecnologías de la Información de la Procuraduría General de la República antes de trasladarse a la iniciativa privada en Mer Group, el reto de la próxima administración es enlazar el documento de la estrategia con el marco jurídico nacional para que sea una obligación cumplir lo que está escrito en ella.
La propia estrategia refiere en uno de su séptimo eje transversal “Marco jurídico y autorregulación” que “las acciones orientadas a la adecuación del marco jurídico nacional y el desarrollo de mecanismos de autorregulación en la era digital son vitales para el desarrollo de la digitalización en el mundo y clave para para la prevención de riesgos y amenazas, la investigación y sanción de los delincuentes en la era digital”.
Con Información de El Economista
