En Coixtlahuaca, lugareños cobran hasta $20 mil por permitir caza furtiva
Ante las denuncias por la presunta caza furtiva de animales en peligro de extinción en la Costa y el Istmo, el ambientalista Edmundo Arango demandó a las autoridades de protección ambiental fortalecer los operativos para sancionar este tipo de prácticas.
Apuntó que en la Costa es común que la ciudadanía realice caza de todo tipo de animales, y que los tiempos de veda no se respetan.
Señaló que los clubes cinegéticos también deben coadyuvar en esta tarea, pues el sacrificio de animales en peligro de extinción es una práctica grave que debe desalentarse.
Consideró preocupante, además, que en los Chimalapas se registre caza furtiva de manera permanente, por lo que llamó a autoridades de seguridad pública y de protección ambiental, así como a las encargadas del cuidado del medio ambiente, a redoblar esfuerzos.
Pidió además a la población civil no permitir que los cazadores furtivos conviertan en cotos de caza las zonas de reserva.
Apuntó que no solamente se trata de evitar la caza de animales en peligro de extinción, sino la depredación de tipo de flora y fauna que todavía existe en lugares donde hay pocos habitantes.
El ecologista Nasario García demandó hace algunos meses la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el municipio de Tepelmeme de Morelos, Coixtlahuaca, al denunciar que cazadores de otros estados realizan caza furtiva en la zona.
Dijo que con 20 mil pesos cualquier persona puede ingresar al distrito y cazar los animales que quiera.
«Lo más preocupante es que los cazadores llegan principalmente de puebla y Tehuacán», denunció.
Y recordó que este municipio se encuentra en un área protegida: la biósfera de la reserva Cuicatlán-Tehuacán.
García Ramírez dijo que, desde hace varias semanas, los habitantes de Tepelmeme Villa de Morelos acudieron a la capital para hacer la denuncia ante la Profepa, sin embargo, refirió que como ha ocurrido durante los últimos 3 años, el gobierno federal no ha intervenido para frenar los delitos ambientales.
Añadió que son más de 400 mil hectáreas de la reserva que han sido olvidadas por las dependencias federales, por lo que urgió a que se frene la caza furtiva y la extracción de plantas.
«Estamos hablando del saqueo de cactáceas, víboras, animales en peligro de extinción, nopales y venados», señaló.
Asimismo pidió que intervengan las autoridades estatales para concientizar a los habitantes de la zona sobre la importancia de la declaratoria de reserva de la biósfera, y la necesidad de preservar la flora y fauna de la región.
