La ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, simuló que, en marzo, junto con el gabinete, atendió los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el uso de recursos públicos durante 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Sandoval presumió esos encuentros en sus redes sociales, en realidad, en los archivos de la dependencia, no hay evidencia de lo que ahí se discutió, según sus respuestas a solicitudes de MILENIO.

En febrero, la ASF emitió su último informe sobre la revisión al gasto realizado durante 2019, en el que reportó que las instituciones federales ejercieron de manera irregular más de 44 mil 364 millones de pesos.

Por ejemplo, identificó un probable daño patrimonial por 57 millones de pesos en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; irregularidades por 209.4 millones en el Programa Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; que el programa de Microcréditos para el Bienestar, para micronegocios, sólo llegó al 22 por ciento de los solicitantes o pagos fuera de norma por 75 millones en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En marzo, Eréndira Sandoval difundió fotografías en Twitter de reuniones con secretarios como Rocío Nahle, Luisa María Alcalde, Javier May, Olga Sánchez Cordero o Marcelo Ebrard y otros funcionarios, para atender esos señalamientos.

En total, Sandoval se reunió con funcionarios de 22 dependencias federales, según uno de esos tuits.

En su cuenta personal, como en la de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la ex secretaria explicó que esas sesiones se realizaron para “mejorar la gestión pública e impulsar una correcta fiscalización”.

MILENIO le solicitó vía transparencia a la SFP que proporcionara cualquier tipo de documento, como minutas, memorándums, cronogramas o acuerdos, en el que se hayan registrado los temas que se abordaron y las conclusiones que hubo en esas reuniones.

La SFP respondió que, de esas reuniones, donde se abordó la rendición de cuentas, paradójicamente, hay “inexistencia de información”.

El virus de la ‘inexistencia’

Para los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no es aceptable la respuesta de “inexistencia de información”, ya que toda institución pública tiene la obligación constitucional de dejar constancia en documentos oficiales de todas las actividades que realiza.

El comisionado Óscar Guerra Ford recordó que antes de la reforma del 2014, “la ‘inexistencia’ era el nuevo virus del acceso a la información” y por eso hubo diversas reformas en la Ley General de Transparencia que trataron de combatir ese virus.

“La inexistencia es difícil de poder argumentar cuando, evidentemente, hay indicios de que estos documentos o ese tipo de actividades sí existieron”, dijo en la sesión del pleno del INAI en la que se revocó la respuesta de la SFP.
La comisionada Josefina Román aseguró que “si esas reuniones fueron en relación con el ejercicio de facultades, competencias o funciones, hay obligación constitucional de documentar; y cuando se habla de documento o de archivo, el soporte puede ser muy diverso, no es solo en papel, a lo mejor hiciste el documento de archivo en audio, en video, en electrónico o en digital”.

Añadió que la Ley General de Archivos también obliga a las instituciones a tener documentadas todas sus actividades.

Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña, quien expuso el caso ante el pleno del INAI, explicó que “los documentos de trabajo de las reuniones, aunque sean a puerta cerrada, son también una expresión documental que se puede reclamar; son un campo, que cada vez se está visualizando más como parte de los contenidos de exigencia pública”.

Acuña aseguró que “no es conveniente, no es bueno, que con tantos años que ya tenemos de avance en esta materia, todavía siga habiendo muchas respuestas inmediatas de ‘inexistencia’”.

Al proponer revocar la respuesta negativa de la SFP, el comisionado consideró que “como ya ahora todo es digital y de todo hay registro digital, se antoja muy complejo, muy difícil, que no se localice la información que en este caso debe existir y debe ser suficiente”.

¿Autocastigo por opaca?

Con el mismo argumento de la “inexistencia de información” respondió a la resolución del INAI, que le obligó a entregar los documentos.

Aunque la dependencia sí ha admitido que en esas reuniones, se ofreció apoyo a las dependencias para coadyuvar en la solventación de los señalamientos de la ASF, una y otra vez ha negado que en sus archivos existan documentos que confirmen eso.

A la fecha, el área de Seguimiento del INAI revisa la respuesta entregada por la SFP a su resolución.

En su caso, según lo establece la normatividad, enviará requerimientos de cumplimiento para que la respuesta de la SFP se ajuste a lo ordenado por el INAI o justifique adecuadamente su imposibilidad.

Oficinas de la Secretaría de la Función Pública. (Héctor Téllez)
Por lo tanto, hasta ahora, el asunto está incumplido y si persiste la negativa para atenderlo, el INAI podrá imponer medidas de apremio.

Una de esas medidas podría ser dar vista al Órgano Interno de Control de la propia SFP para que se aplique las sanciones correspondientes, es decir, autocastigarse.

El área señalada

Para emitir su resolución, el INAI revisó las fotografías que Irma Eréndira Sandoval difundió en sus redes sociales y en las de la dependencia y encontró que “si bien las reuniones fueron encabezadas por la entonces titular de la SFP, en varias de estas estuvo acompañada tanto del coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, Federico Hidalgo Huchim Gamboa, como del entonces subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino (ahora secretario)”.

Sin embargo, detectó que cuando la SFP realizó la búsqueda de la información que se le solicitó, no incluyó a la Coordinación General de Órganos Internos de Control.

Para el INAI, incluir a esa área en la búsqueda, “se considera indispensable, toda vez que, por una parte, las atribuciones de referida unidad administrativa guardan una directa y estrecha relación con la materia de solicitud” y porque “de la vista a las múltiples publicaciones que dan cuenta de las reuniones, se advierte que el coordinador General de Órganos Internos de Control, Federico Hidalgo Huchim Gamboa, estuvo presente, prácticamente, en la totalidad de éstas”.

En este sentido, consideró que, una vez confirmada la asistencia y participación del titular de esa Coordinación, debe cumplir con el deber de documentar todo acto que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y debe tener esa información, pues está relacionada con sus actividades en la institución.

Sin embargo, con las diversas respuestas negativas que la SFP ha entregado a la solicitud formulada por MILENIO pareciera que en esas reuniones, la secretaria y sus compañeros funcionarios sólo posaron para la fotografía.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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