Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), responsabilizaron del desalojo del que fueron objeto con violencia la noche del miércoles al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), a la ex candidata del Partido Unidad Popular (PUP), Xóchitl Vargas, y al presidente municipal de San Pablo Etla, Alfonso Pérez Méndez.

Denunciaron que el saldo de la agresión fue de cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego, por lo que demandaron que se invertiguen los hechos y se castigue a los responsables.

Señalaron que su protesta no tuvo como objetivo provocar afectaciones a la población, sino exigir que las autoridades federales y estatales apliquen medidas para que sus desplazados de Tierra Blanca, Copala, así como garantías de seguridad en la región triqui.

El representante Horacio Santiago García, aseguró que fue un desalojo por parte de habitantes de la zona, en donde se atacó con violencia a quienes exigían garantías para regresar a su localidad.

Son desplazados que continuarán exigiendo el regreso a Tierra Blanca, Copala, una parte en esta capital y otro grupo en la Ciudad de México, en la última reunión les indicaron que en 30 días se lograría el objetivo.

Dijeron que se habían plantado por una necesidad, no para molestar a nadie, pero fueron atacados por grupos de choque y afines al MULT y sus dirigentes Rogelio Pensamientos Mesinas, Eleazar Ortiz, además de Emelia Ortiz, a quienes también responsabilizaron del problema que generaron en Tierra Blanca, Copala.

Afirmaron que sus atacantes son grupos de provocadores que fueron pagados. Por ello, solicitaron que se iniciaran las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado para que se detenga a los responsables y se apliquen las medidas correspondientes que marca la ley.

Condenaron que no se tengan avances de consideración en el proceso para que puedan regresar a su comunidad y que hasta el momento no se haya castigado a ninguno de los dirigentes del MULT, a quienes han señalado de constantes agresiones en su contra.

Llevan siete minutas de acuerdo que no han avanzado, y tienen que vivir en las calles, sin condiciones, con sus hijos, lo cual no desean que continúe pues sus viviendas están en su localidad.

Expusieron que hay una mesa permanente con los gobiernos estatal y federal, pero no se tiene una fecha en concreto para lograr el retorno a su comunidad.

Advirtieron que mantendrán sus acciones de protesta, porque no tienen otra vía para exigir solución a sus demandas y castigo a sus agresores.

 

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