En vez de intervenir en la defensa de la libertad de expresión y señalar a los grupos que han agredido a la prensa, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) arropó y prestó las instalaciones a los agresores de la prensa.

Bernardo Rodríguez Alamilla mostró su abierta complicidad con los grupos agresores de la prensa este lunes, cuando en las instalaciones de esta instancia, que se sostiene con recursos públicos, aunque es un ente autónomo, brindó el espacio para a Unión de Trabajadores de la Educación y el Frente Popular Revolucionario (FPR).

No solo quedó manifiesta la complicidad de los grupos, sino confirmaron que sus movilizaciones violentas derivan de la disputa por el control de la dirigencia magisterial y fueron orquestadas con un fin electoral, político y económico.

Rogelio Vargas Garfias, quien es el dirigente de la UTE, un membrete venido a menos desde que en 2016 le aplicaron el principio rector por señalarlo de recibir, presuntamente, 100 mil pesos mensuales del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, apareció públicamente, como pocas veces lo hace.

En días pasados, jornadas violentas de bloqueos, manifestaciones y protestas hicieron padecer a los habitantes de la ciudad de Oaxaca y en ellos, hubo agresiones a la prensa que hasta ahora han quedado impunes.

Los dos grupos movilizados, el FPR y los supuestos normalistas, personas encapuchadas y con acciones de guerrilla, están vinculados a la UTE de Rogelio Vargas y con otros personajes como Flavio Sosa Villavicencio y Salomón Jara.

Este lunes, desesperados porque su juego sucio para provocar la desestabilización no funcionó, salieron a dar una conferencia en la que pidieron el relevo en la dirigencia magisterial y cuestionaron al dirigente Eloy Hernández, quien ha resentido el embate de la UTE a través de personeros como Wilbert Santiago.

Y en el colmo del cinismo, en vez de que la Defensoría sea una instancia en favor de las víctimas, da espacio a los agresores y aún permite que pidan “alto a la guerra sucia mediática contra la UTE-FPR”.

Su posición de inconformidad es, en palabras de Rogelio Vargas, por la suspensión de protestas y movilizaciones.

Aunque Rogelio Vargas no tiene ninguna representatividad dentro del sindicato magisterial, intenta recuperar el control perdido a través de estos grupos violentos como el FPR y cumplir con sus compromisos políticos.

La UTE-FPR son los agresores de los reporteros Nemesio Méndez, Hugo Velasco, Jesús Cruz Porras, Álvaro López, Edwin Bernal y Tomás Martínez.

En ninguno de los casos ha habido alguna sanción y ahora puede entenderse esa complicidad, pues el ahora fiscal fue quien presidió la Defensoría y heredó el cargo a Bernardo Rodríguez Alamilla, cómplice de Vargas Garfias.

 

 

Esta nota originalmente se publicó en Oaxaca Quadratín

 

 

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