El procedimiento de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca “es un proceso con vicios” y “mal llevado” por parte de la Cámara de Diputados en cuanto al desahogo de pruebas, donde pareciera que solamente hay un problema de impuestos, aseguró el abogado constitucionalista, Raúl Mejía.

En entrevista con MILENIO, el litigante dijo que este es un proceso apresurado contra el mandatario, quien es señalado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; de manera que, consideró, que las autoridades “se aventaron muy fuerte” en acusaciones de este nivel, donde no hay pruebas suficientes para sustentarlas.

“El procedimiento sido muy mal llevado por parte de la ámara, que no es un procedimiento aseado en cuanto al cómo han llevado el desahogo de las pruebas, en la premura de llevar un procedimiento donde pareciera que lo único que está por ahí es un problema realmente de pago de impuestos, aún cuando las acusaciones en su momento se pretendieron por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y pareciera que sólo pueden o están posibilitando la acusación por condiciones de un delito fiscal”.

“Pareciera que de nuevo se aventaron muy fuerte (las autoridades) con una acusación contra un gobernador de Estado, cuando realmente no tenían elementos suficientes para llevar una acusación de esta magnitud hacia delante”, sostuvo.

Apuntó que probablemente se podrían identificar tintes políticos y no solamente motivaciones de persecución penal. No obstante, descartó que haya una persecución política en su contra.

“No es una persecución política, puede haber elementos penales pero la motivación de llevar esta acusación penal va aparejada con elementos políticos específicos por la condición del servidor público al que se ataca, más que una persecución política específica”.

“De que si se pueden apreciar elementos políticos en la acusación como se ha llevado el procedimiento, sí”.

Raúl Mejía consideró casi un hecho que el día de mañana el pleno de la Cámara de Diputados aprobará el dictamen del desafuero contra García Cabeza de Vaca, sin embargo, reiteró que la decisión final del proceso la tiene el Congreso del Estado.

“La última palabra es la cámara local, ni siquiera es la cámara federal, la declaración de procedencia sólo tiene efectos declarativos y estos efectos declarativos deben comunicarse a la cámara del estado de Tamaulipas para que, si así lo considera, que lo separe de su encargo”, apuntó.

De aprobarse el dictamen de la Sección Instructora en el Palacio de San Lázaro, posteriormente se tienen que comunicar al Congreso de Tamaulipas para que inicie un procedimiento de homologación de la declaratoria federal y determine si procede la homologación.

“Si evalúa (el Congreso local) que hay elementos políticos en la acusación y no sólo penales, pues pudiera tomar la decisión de que no proceda o que no se homologue la declaración federal en términos locales”.

El constitucionalista mencionó que, en caso de que el Congreso de Tamaulipas apruebe el proceso de desafuero, la homologación de las declaratorias federales y estatal “puede ser casi automático, entonces podrían decidirlo de manera económica y podría ser un proceso decisorio muy corto”.

Por el contrario, si el legislativo local rechaza la declaración de procedencia federal, esto no acaba generando impunidad porque la acusación penal puede hacerse en el momento en que el servidor público termina un cargo.

“Entonces una vez terminando su encargo el gobernador, la Fiscalía puede enderezar estos cargos en contra de él. No se agota con esta declaratoria de procedencia federal ni local, al servidor público se le podrá perseguir posteriormente.”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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