Tras modificación a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario aprobada hoy en el Senado de la República, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) denunció que son cambios a la Ley que violentan diversos principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y transgrede diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Tras la aprobación en el Senado, de la iniciativa del Senador de Morena, Ricardo Monreal, para modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la industria ferroviaria mostró su profunda preocupación por estos cambios en la regulación.

Entre las disposiciones más graves previstas en la llamada “Ley Monreal” dentro del sector, destacan el modificar el tiempo de la renovación de la concesión. Esta modificación a la Ley pretende modificar el término de la renovación de las concesiones ferroviarias de 50 a 35 años, lo cual vulnera derechos adquiridos y contraviene el Artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios.

En un comunicado, la AMF que encabeza Oscar del Cueto, la asociación destaca que se daña la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y con ello, para la economía de México.

Con estos cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se cancela arbitrariamente la libertad para fijar tarifas por parte de la industria, limitando su registro a cada dos años y previa “opinión de conveniencia” que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitiría de manera discrecional.

De acuerdo con la AMF, que representa a las ferroviarias tanto de carga como de pasaje, señalan que estos cambios a la Ley transgreden el Estado de Derecho, invade facultades de la autoridad competente de acuerdo con la Constitución e ignora el hecho de que actualmente las tarifas del transporte ferroviario mexicano se ubican entre las más competitivas a nivel mundial.

Con los cambios a la regulación ferroviaria se buscan busca imponer multas excesivas, discrecionales y desproporcionadas respecto de la conducta sancionada y el bien jurídico afectado, lo que violenta el Artículo 22 Constitucional y con ello la seguridad jurídica de los gobernados.

Señalaron que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) se convierte en juez y parte invadiendo el ámbito de atribuciones de otras autoridades en materia de competencia económica, toda vez que con meros “indicios” podrá determinar que no existe competencia efectiva, lo cual contraviene el Art. 28 Constitucional.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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