El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos que, entre sus aspectos centrales, prevé la suspensión de permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.

Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el pleno avaló el dictamen de la Comisión de Energía con una adición que, a juicio de Morena y sus aliados, permite salvaguardar el debido proceso en la suspensión de permisos.

En un debate de casi tres horas, la legisladora panista María de los Ángeles Ayala exhibió en tribuna un par de marionetas pendientes de sus hilos y acusó a los diputados morenistas de “títeres” del gobierno dispuestos a acatar la orden presidencial de votar por la reforma.

“Hoy, como títeres de gobierno, tienen una encomienda o mejor dicho la orden presidencial de aprobar a cualquier costo y por encima de quien sea un dictamen que sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones”, arengó.

En respuesta, a nombre de Morena, Diego del Bosque llamó a los opositores “títeres de Iberdrola, títeres de la reforma energética corrupta de Enrique Peña Nieto y títeres del poder económico corruptor del país”.

El dictamen aprobado esta tarde otorga asimismo a la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía la facultad para revocar permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

“Esta propuesta resulta de gran relevancia para la seguridad nacional y energética de México, pues el mercado negro de combustibles impacta de manera sustantiva el mercado lícito de combustibles”, puntualiza el documento.

Sin embargo, advirtió el legislador priista Enrique Ochoa, el proyecto violenta el debido proceso y los derechos adquiridos por los permisionarios.

“Hay un elemento que es preocupante: se debe de establecer un debido proceso para lograr la cancelación de los permisos, se tiene que hacer por autoridad competente, se tiene que dar derecho de audiencia, se tienen que establecer plazos, porque los permisionarios, Pemex y el sector privado, tienen derechos adquiridos, pero ustedes establecen un transitorio en esta ley, que dice que todos los permisos se podrán cancelar, aquellos que no cumplan con la Ley de Hidrocarburos”, subrayó.

En materia de política para el almacenamiento mínimo de petrolíferos, la iniciativa presidencial plantea incorporar como obligación para el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que, en su caso, cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Considera asimismo establecer la negativa ficta al transcurrir el plazo establecido en las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, brindando mayor seguridad al Estado y la sociedad, en razón de evitar que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético.

Según las consideraciones de la comisión, la reforma busca garantizar la seguridad y la soberanía energéticas para proporcionar y asegurar, por medio de las empresas propiedad de la nación, que toda persona pueda satisfacer sus necesidades energéticas en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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