El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley Federal del Trabajo y otros siete ordenamientos para prohibir el “outsourcing”, o subcontratación laboral, tanto en el sector privado como en instituciones públicas, salvo en el caso de servicios especializados ajenos a la actividad preponderante de la empresa o entidad de gobierno.

Avalado con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones tras cuatro horas de discusión, el dictamen prevé multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados.

“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece.

Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Para ese efecto se aplicará el monto que resulte más favorable a los trabajadores.

Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel Baldenebro, celebró el voto mayoritario en pro de la reforma para poner fin a la simulación en perjuicio de los trabajadores.

“Las modificaciones presentadas erradicarán prácticas que operan en la actualidad a través de diversas formas de simulación, en perjuicio de los trabajadores y del erario público (…); aprobamos el presente dictamen con la finalidad de contar con una protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, pero también reglas claras para que los buenos patrones de este país sigan impulsando el progreso de México”, remarcó.

Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN contra el dictamen, el diputadoCarlos Alberto Valenzuela alertó sobre los efectos negativos de la prohibición del “outsourcing” para las empresas en el actual contexto de crisis económica.

“Con la aprobación de este dictamen, los que votarán a favor están condenando al desempleo y la informalidad a más de cuatro millones de familias mexicanas”, acusó.

La bancada priista evidenció a su vez su división ante la reforma y mientras el diputado Isaías González aplaudió la iniciativa presidencial y anticipó voto a favor, su correligionario Carlos Pavón sostuvo que el proyecto va en perjuicio de la clase trabajadora:

“Hoy la alianza entre el gobierno y empresas del sector obrero y productivo, debe estar más viva que nunca, es necesario fortalecer alianzas (…), pero tampoco se puede jugar al Robin Hood, quitándole a los que sí reciben utilidades, para darles a otros”, arengó.

Por el PRD, el legislador Antonio Ortega admitió que la reforma tiene buenas intenciones, pero desafortunadamente, dijo, sus resultados serán devastadores.

“El aumento de la informalidad y la pérdida de confianza en las inversiones serán una consecuencia natural y las finanzas públicas resentirán el efecto de la pérdida de empleos y cierre de empresas”, remarcó.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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