La dos principales asociación de renovables en México, la Amdee y Asolmex, recurrirán a los mecanismos legales disponibles para salvaguardar sus derechos como inversionistas, así como por sus obligaciones de responsabilidad fiduciaria, indicó si vocero, Julio Valle.

«Los cambios legislativos son violatorios de derechos fundamentales establecidos a nivel constitucional, además de que incumplen con una serie de obligaciones que México asumió a nivel internacional, previstas en acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales», señaló el vocero.

Julio Valle añadió que la reforma potencialmente viola múltiples acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales, al provocar que las inversiones en el sector eléctrico pierdan su valor.

«México incurre en expropiaciones indirectas de los activos desplegados por los generadores de electricidad privados. Además, también viola potencialmente las disposiciones del tratado sobre empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás».

El vocero añadió que el sector eléctrico es uno de los seis sectores específicamente protegidos en el T-MEC con el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos.

Además de los impactos a las inversiones, la reforma aprobada impedirá el despliegue de una serie de proyectos de generación de energía renovable identificados, que estaban listos para desarrollarse hasta el año 2024.

«Estos se hubieran ubicado en 19 estados de la república, con una inversión estimada en más de 11 mil millones de dólares y hubieran generado más de 50 mil empleos directos e indirectos en el país».

 

Esta nota originalmente se publicó en Excelsior

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