El ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del sexenio pasado, José Alberto Rodríguez Calderón, negó haber recibido un soborno de 2 millones de dólares para favorecer el traslado de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de un penal de Ciudad Juárez, al del Altiplano en el Estado de México, dónde presuntamente sería más fácil su fuga.

En entrevista con MILENIO, el ex funcionario salió al paso de acusaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), hechas por un testigo protegido en el proceso que se le sigue a Emma Coronel, esposa del capo mexicano.

“Yo estuve como titular, durante la estancia de Guzmán Loera (en el penal de Ciudad Juárez) tres meses, nueve meses primeramente Eduardo Guerrero Durán, y los últimos tres meses estuve directamente yo”.

En ese tiempo, según un argumento a su favor, fue cuando se aprobaron reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 16 de junio de 2016.

En ésta se trasladan atribuciones de autoridades penitenciarias al ámbito judicial “la facultad y la autorización para hacer traslados de un penal a otro ya no queda en manos de las autoridades penitenciarias, queda en manos de los jueces de Ejecución”.

Este es su argumento central de defensa:

“En el momento que yo llego, ya no teníamos ni la atribución, ni la facultad de hacer movimientos de trasladar a personas privadas de la libertad de un penal a otro, eso queda en manos de los jueces y los jueces no dependían del sistema penitenciario, sino del poder judicial”.

El ex funcionario, solicitó a MILENIO dar su versión sobre ese presunto soborno que recibió.

De inicio, recupera el paso de El Chapo por penales mexicanos. “Se le recaptura el 8 de enero de 2016 en un operativo en los Mochis, Sinaloa, y después es extraditado a los EU el 18 de enero del 2017, eso significa que Joaquín estuvo un año y menos de dos semanas en penitenciarias federales mexicanas, primero en el Altiplano y luego en Ciudad Juárez”.

Con ese dato se defiende y reitera que en los primeros nueve “de esos 12 meses, el titular de penales federales era el licenciado Eduardo Guerrero Durán, yo tomé la titularidad de penales federales el día 7 de octubre de 2016”.

Para fundamentar lo anterior muestra el oficio de su nombramiento, firmado por el anterior secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

Antes había ocupado el cargo de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR).

A su favor, aporta otro dato. “El día 16 de junio de 2016, sale publicado el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Diario Oficial de la Federación (DOF)».

“Antes de que existiera está ley, la facultad y la autoridad para hacer traslados de internos en los penales la tenían directamente las autoridades penitenciarias, que son autoridades administrativas”.

Sin embargo, con la reforma publicada a dicha ley, esa facultad de traslada a una nueva figura, denominada jueces de Ejecución.

“En ese momento, en octubre de 2016 que yo llego, ya no teníamos ni la atribución ni la facultad de hacer movimientos de trasladar a personas privadas de la libertad de un penal a otro, eso queda en manos de los jueces y los jueces no dependían del sistema penitenciario, sino del poder judicial”.

Con lo anterior, sustenta su inocencia, “cómo es posible entender que un grupo tan importante de la delincuencia organizada pueda pactar con un funcionario mexicano, quién, no lo sé, yo no lo soy, categóricamente lo reitero, no tengo la menor idea de quién haya recibido ese dinero, si es que lo hubo. Yo me deslindó absoluta y totalmente: mi historia es de trabajo, profesionalismo y dedicación a más de 30 años de trabajo jurídico de toda la vida”.

“Quién en su sano juicio va a dar 2 millones de dólares a un funcionario que ya no tiene facultades para autorizar un traslado de un interno del penal de Ciudad Juárez al Altiplano, eso ya quedaba en manos de los jueces”, agregó.

Por último, se le pregunta si a raíz de ese señalamiento a su persona, que surge de boca de un testigo protegido en Estados Unidos, ha sido citado a declarar.

“No, absolutamente ninguna y no por lo siguiente, en primer lugar yo no he cometido ningún ilícito, ninguna irregularidad, por eso doy la cara… esto que está ocurriendo, el que estén manejando mi nombre y mi imagen, me perjudica y yo no voy a permitir que esto suceda”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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