Luego de que el Senado aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y una vez que entre en función, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que esta modificación generará demandas por parte de las empresas afectadas y provocará un aumento de precios en los productos finales a los consumidores del país.

Durante la inauguración del foro “Electricidad para el Futuro de México”, el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, señaló que los legisladores no escucharon las consecuencias que una modificación a la ley tendrá para los mexicanos, por lo que aseguró, que la soberanía no se obtiene solamente con discursos.

“Nos preocupa la conclusión de esta madrugada, no nos dimos el tiempo, no nos dimos la oportunidad de debatir, no nos escuchamos, no tuvimos la facilidad de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisiones de nuestro país”, aseveró.

Expuso que serán muchas las secuelas que esta ley al implementarse dejará al país, sobre todo en los litigios que las empresas generarán ante el Poder Judicial, donde argumentó que muchas de estas acudirán a esta instancia para hacer valer sus derechos al invertir en México.

“Estas consecuencias van a tener un impacto, porque al final, estos agentes económicos que invirtieron de buena fe en nuestro país, deberán de tener alguna protección del Poder Judicial a sus interese legítimos; siempre estaremos señalando a algún agente económico que haya hecho mal uso de las libertades. Pero eso es distinto, a querer nosotros cambiar una estructura legal, donde se afecten los intereses genuinos de cualquier persona que, de buena fe, haya tratado de invertir en el país”, resaltó.

Salazar Lomelín señaló que desde el sector privado no pueden manejar la idea de que la electricidad no subirá en los hogares de los mexicanos; “pero sí les subirá a todos los agentes económicos, y que el costo implícito de este 26 por ciento más caro, se traducirá en una adición de 60 mil millones de pesos anuales, que tendrán que ser financiados de alguna manera”.

“O se financian porque la electricidad que va a ir a dar a los agentes económicos será más cara, o se financia porque la Secretaría de Hacienda tendrá que subsidiar estos 60 mil mdp. En última instancia, cualquiera de las dos alternativas, tendrá un impacto en los consumidores finales. El consumidor tendrá que pagar vía precios, ese pantalón que le va a salir más caro, esa camisa, bien que va a comprar, ese kilo de tomate que va a consumir, ese kilo de pasta, o ese kilo de carne, será más caro porque la electricidad para producirlo será más cara”, aseguró.

Destacó que la soberanía de un país se construye cuando una sociedad es suficientemente eficaz cuando se asignan sus recursos de forma óptima, “cuando tiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar. Sigo pensando que es importantísimo buscar la soberanía en nuestro país, pero estoy convencido que la soberanía no se obtiene con retórica, no se obtiene la soberanía con discursos”.

En tanto el ex subsecretario de la industria eléctrica, César Hernández, comentó que el negocio de generación eléctrica, es un negocio volátil y riesgoso, “es un negocio donde CFE sale tablas y donde no necesariamente tiene los mejores instrumentos para ser exitoso”.

“El suministro básico de CFE ha tenido que recibir apoyos crecientes. Los subsidios eléctricos, este es un indicador que creo que vale la pena darle seguimiento los próximos años, pasaron de 30 mil millones en 2016, a ser 76 mil millones en lo que se plantea para 2021; 70 mil se planteó el año pasado, entonces eso es un negocio digamos que no es un buen negocio, que es lo que nos está mostrando es un poco la vulnerabilidad CFE como suministrador de energía”, afirmó.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

 

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