La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó dar a conocer el expediente con que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al subrayar que eso está prohibido por la ley y hacerlo sería un delito.

El presidente del órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro, Pablo Gómez, descartó así la posibilidad de abrir al público el archivo de las imputaciones a García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se puede abrir el expediente al público, está prohibido por la ley y es un delito; ahora, si el fiscal general de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, en su solicitud, es cosa de él, pero en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó.

Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el diputado de Morena subrayó que no es posible dar a conocer el expediente integrado por el Ministerio Público y remarcó que quienes tienen acceso a él, lo hacen condicionados al sigilo.

“La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es el procedimiento, porque en el expediente obran nombres, datos personales, no solamente del inculpado, sino de muchísimas otras personas; por lo tanto, pues esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas, y nosotros somos custodios de eso”, indicó.

Interrogado sobre los plazos del juicio de procedencia contra el gobernador García Cabeza de Vaca, Gómez sostuvo que no ve “inconveniente” en concluir el proceso antes de terminar el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril, aunque tampoco se puede garantizar.

Recordó que, a partir de la notificación el pasado lunes, el mandatario tamaulipeco tiene siete días de plazo para comparecer por escrito y posteriormente corren 30 días para el desahogo de pruebas, con la posibilidad de prorrogar 30 días más.

El legislador precisó que, como con cualquier funcionario público estatal con fuero federal, la Cámara de Diputados puede resolver la declaratoria de procedencia contra García Cabeza de Vaca, pero la determinación final corresponde al congreso local de Tamaulipas.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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