La actual administración no cuenta con una política o siquiera una estrategia para la reinserción social. Una muestra de ello es que la Comisión Intersecretarial, responsable de diseñar estos programas a nivel federal y que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), solo ha sesionado una vez: el día de su integración, en diciembre de 2019, de acuerdo con CEA Justicia Social

La ineficacia de la política de reinserción social se ha puesto sobre la mesa a propósito de la irrupción, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de José Luis, el hombre que dijo haber estado privado de su libertad, razón que le impedía rehacer su vida.

La comisión intersecretarial federal –así como las estatales– están contempladas en el artículo 7o de la Ley de Ejecución Penal, pero la organización civil CEA Justicia Social encontró, a través de solicitudes de información al INAI, que solo hay 21 comisiones integradas, en tres estados no existe y ocho entidades no brindaron información alguna.

En estos organismos, todas las secretarías deberían, en teoría, aportar para el diseño de las políticas y las estrategias de reinserción social al interior de los centros penitenciarios, pero también de los servicios post penales, que deberían apoyar a quienes recuperan su libertad, como en el caso de José Luis.

«En Durango, la entidad referida por el joven que irrumpió en la conferencia matutina, si bien sí hay una comisión intersecretarial, esta se instaló en 2016 y sólo ha tenido una sesión en 2020», explica Valentina Lloret, directora de CEA Justicia Social.

«Además, en las solicitudes de información, la entidad respondió que no hay apoyos registrados para personas que hubieran estado en conflicto con la ley. Eso demuestra que la política de reinserción post penitenciaria no es ni ha sido parte de la planeación de las políticas públicas en nuestro país”, señala.

Esta ha sido la realidad del más de medio millón de personas que, en los últimos cinco años, han salido de algún penal en nuestro país, de acuerdo con cifras de la Organización Comunitaria por la Paz. Personas sin acceso a transporte, ropa, casa, dinero y sin identificación que además sufren todo tipo de discriminación, especialmente las mujeres.

El Reglamento Interior de la Segob indica que es a través de su Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia se debe encargar de implementar estos programas tanto a nivel federal como en cada entidad para los programas. “Pero se habla de tianguis de productos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) de convenios para darles capacitación en informática pero no hay una política federal para las personas liberadas.

“La Ciudad de México tiene un instituto para ello, en Zacatecas se les da un kit con ropa o tarjetas para transporte pero no hay una política integral: dónde van a vivir, qué van a comer, en qué van a trabajar, si ni siquiera credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen”.

CEA Justicia Social ha encontrado que, para quienes cumplen su sentencia y recuperan su liberad, recuperar sus derechos políticos es toda una odisea, es decir, obtener nuevamente obtener su credencial del INE tarda mucho tiempo por la burocracia pues es el sistema judicial quien avisa al instituto que estas personas ya terminaron su condena.

También está el caso de quienes obtienen la libertad anticipada o algún sustitutivo de la pena, quienes en realidad no han cumplido su sanción, entonces no pueden recuperar sus derechos políticos y por tanto no tienen credencial y difícilmente podrán ser objeto de programas sociales, de la renta de una casa o cualquier otra cosa.

Una muestra más de la falta de una política en esta materia es el presupuesto asignado para esta Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. De acuerdo con Lloret, este presupuesto para 2021 es de 25.9 millones de pesos.

“La justificación es coadyuvar a recuperar el estado se derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional y la estrategia es atender a organizaciones sociales sin intermediarios. Es decir, no es un presupuesto etiquetado para este tipo de programas”, señala Lloret.

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Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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