Las comisiones unidas de Energía, de Medio Ambiente y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República iniciaron la discusión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, tras rechazar la propuesta de la oposición para convocar a parlamento abierto y analizar con especialistas la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados prevé votar el dictamen el próximo jueves en sesión presencial del Senado de la República.

Los senadores panistas Xóchitl Gálvez, Alejandra Reynoso y Julen Rementería pidieron el cumplimiento de los compromisos para citar a discusión en parlamento abierto el próximo miércoles.

No obstante, los representantes morenistas desecharon la proposición, por considerar que el parlamento abierto es una pérdida de tiempo.

Gálvez acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, de incumplir el acuerdo para citar a los expertos en la materia.

“Simplemente nos tomó el pelo y se burló de nosotros, no se vale”, acusó la senadora de Acción Nacional.

Los legisladores de la oposición alertaron nuevamente sobre la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica, así como la contravención a tratados internacionales suscritos por México como el T-MEC y el Acuerdo de París.

Las comisiones unidas de Energía, de Medio Ambiente y de Estudios Legislativos Segunda discuten un dictamen sin modificación alguna sobre lo aprobado la madrugada del pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

El proyecto modifica el orden de prelación para el despacho de las centrales eléctricas y pone en primer lugar las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas y termoeléctricas de la empresa pública, mientras que las eólicas y solares de inversionistas privados quedan en el tercer sitio, dejando hasta el final las de ciclo combinado propiedad de particulares.

La reforma obligará a la Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, en su caso, mediante “fraude a la ley”.

A su vez, los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes “deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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