Muna Dora Buchahin, ex directora de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que la única manera de corregir la información de la observación practicada a la cancelación del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) es realizar una nueva auditoría con un enfoque diferente al aplicado.

Buchahin además dijo que no existe ningún antecedente en el que el órgano fiscalizador haya salido a rectificar un informe de las auditorías practicadas y consideró que lo ocurrido el lunes, cuando la ASF reconoció errores en la metodología utilizada en la revisión a la cancelación del aeropuerto, es resultado de la inexperiencia de los servidores públicos de la ASF.

“Jamás en la historia (había ocurrido), pero ni siquiera internamente; había procedimientos muy serios, muy certeros, muy cuidados, donde había supervisión, revisábamos cada documento, pero esto tiene que ver con la falta de experiencia”, afirmó.

En entrevista con MILENIO, la especialista afirmó que el error reconocido por la ASF debería ser motivo para iniciarle un procedimiento de responsabilidad administrativa al auditor superior, David Colmenares.

“El responsable de la auditoría es uno y es él, el responsable del informe es él”, aseguró.

Buchahin Abulhosn explicó que la principal deficiencia de esa auditoría fue haberla realizado con un enfoque de “desempeño” y no “forense”, en donde se hubieran analizado a profundidad los costos que tuvo la construcción y la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pero consideró que David Colmenares no tiene interés en realizar una verdadera revisión a ese gasto.

“La hicieron al desempeño y no fue una auditoría financiera, la diferencia entre una auditoría al desempeño y una financiera es que la financiera sí hubiese revisado, que sería lo ideal, la recaudación, captación y ejercicio de todos los recursos que en su momento se aprobaron para esa obra; se hubiera hecho esa auditoría al cumplimiento y de obra pública, en la cual se hubieran analizado todos los procesos de adquisición, el desarrollo, justificación de las inversiones, cumplimiento de la calidad, la razonabilidad y hasta donde se quedaron en tiempo y forma y en otro aspecto, se debían haber revisado en ese entorno con ese enfoque los costos que se asumirían por la cancelación”, explicó.

La especialista dijo que además debió hacerse una auditoría forense por el tamaño del proyecto del que se trataba.

“Forense, por la serie de denuncias públicas que fue del conocimiento de todos y fueron denuncias de los ciudadanos, de grupos, de asociaciones, por lo que impactó, el impacto a la sociedad y la auditoría de cumplimiento financiero se pudo haber hecho al mismo tiempo de la de desempeño. De esta manera horizontal”, explicó.

Agregó que “bajo estas modalidades podías haber hecho una auditoría de inversión física, de obra pública, o un análisis de todo lo que se invirtió, por ejemplo, había despachos que estaban como asesores, cuál fue su función, qué hicieron, qué beneficios, si nada más eran parapetos, si hubieron compras adecuadas, los precios, qué pasó con el acero, cuál fue el costo de la obra, cuánto costó el rescate, el rescate de la deuda no lo puedes cargar al costo de la obra, el material que se reutilizó en Santa Lucía, todo eso tendría que haber sido el enfoque de una auditoría financiera y de obra pública”.

Buchahin explicó que la decisión del enfoque que se va a aplicar a cada una de las auditorías a realizar es decisión final del auditor superior.

“Pero el auditor superior ni le entiende, ni lee, ni le interesó”, acusó.

Muna Dora Buchahin reclamó que desde que Colmenares llegó a la ASF ha evitado hacer auditorías forenses o de cumplimiento financiero a grandes proyectos “porque imagino que es para no meterse en líos, es el ejercicio que hace”.

Además, dijo que “no hay un interés real y legítimo que se haya demostrado de que sí quiere hacer una revisión profunda, ni lo hizo en el último año de Peña Nieto ni lo ha hecho ahorita; eso es un daño que nos causa a toda la sociedad”.

Muna Buchahin también consideró penoso el capítulo sobre la supuesta resistencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval, a que los auditores de la ASF revisaran sus expedientes, pero criticó que dicha dependencia federal no hubiera presentado una queja antes de que el informe se hiciera público.

“Es muy penoso que primero sale toda una historia, según lo dice la propia secretaria y después de que sale esa historia de que le negaron información sale a decir que no, que se equivocaron, que todo tuvo, pero también está la otra parte: antes del cierre del informe se le informa a la entidad, se les debe de decir en qué situación quedó y en ese momento, la entidad debió haber presentado una queja, una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control si consideraba que estaban siendo omisos o yendo más allá de sus facultades. Ahí se ve que nadie leyó ni hizo nada para ver qué pasó”, opinó.

“Es terrible lo que sucede, de ambas partes, los dos nos quedan a deber. Unos y otros, esa es la realidad”, dijo Buchahin.

Y consideró que si realmente es falso lo que la ASF plasmó en su informe, en el que acusó a la SFP de impedirle hacer su trabajo, la Secretaría debería “hoy mismo poner una denuncia pública, pero (parece que) es lo mismo: el callar, omitir, el ser cómplice, esos acuerdos políticos de ‘ya déjalo’”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

 

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